Tegucigalpa – La transparencia en el financiamiento de las campañas políticas en Honduras sigue siendo un desafío a pocos días de las elecciones primarias. Según informó este jueves la comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, solamente el 53% de los sujetos obligados han cumplido con acreditar sus cuentas bancarias conforme lo establece el artículo II de la Ley de Fiscalización Electoral.
De los 5.881 aspirantes a cargos públicos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), únicamente 3.116 han registrado formalmente sus cuentas bancarias para el proceso de fiscalización. Esto significa que 2.765 precandidatos a alcaldías y diputaciones permanecen sin cumplir este requisito fundamental para la transparencia electoral.
«Crear una cultura de transparencia no se hace en un tronido de dedos, esto es un proceso gradual, paulatino y nosotros esperamos que los que faltan se acerquen a los bancos y luego a la unidad», expresó Ardón, quien advirtió que quienes no acrediten sus cuentas enfrentarán mayores dificultades para comprobar el origen de los fondos invertidos en sus campañas.
Esta semana, la UFTF lanzó la División de Auditoría a Sujetos Obligados (DASO), instancia encargada de recibir los informes financieros de los precandidatos participantes en las elecciones primarias. Los aspirantes individuales tienen como fecha límite el 24 de marzo para presentar sus informes de gastos de campaña, mientras que los movimientos internos de los partidos deberán cumplir con esta obligación hasta el 4 de abril.
La institución, también conocida como «Política Limpia», recordó que la Ley de Financiamiento establece sanciones para quienes incumplan con la presentación de informes. Las multas iniciales son de 15 salarios mínimos para candidatos presidenciales, 10 para aspirantes a diputaciones y 5 para quienes buscan cargos en corporaciones municipales. De persistir el incumplimiento, estas sanciones podrían elevarse hasta 100 salarios mínimos.
El registro de cuentas bancarias representa un mecanismo crucial para garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos utilizados durante las campañas electorales, especialmente en un contexto donde el financiamiento político ha sido históricamente cuestionado en Honduras.
Analistas políticos señalan que este bajo nivel de cumplimiento podría reflejar resistencias dentro del sistema político para someterse a mecanismos efectivos de fiscalización, especialmente entre candidatos con menor visibilidad pública.
