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Ministra García acusa a bancada legislativa de bloquear Ley Contra Violencia Política hacia Mujeres

La titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer señala obstáculos en la aprobación de legislación crucial para proteger a las mujeres en política, mientras datos de la UNAH revelan que nueve mujeres han sido víctimas de violencia política durante el actual proceso electoral.

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Tegucigalpa – La lucha contra la violencia política hacia las mujeres en Honduras enfrenta impedimentos legislativos, según denunció Doris García, titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer. La funcionaria señaló directamente a una bancada del Congreso Nacional como responsable de retrasar la aprobación de una ley fundamental para garantizar la participación política segura de las mujeres.

«Pienso que hay una bancada que se opone a la aprobación de esta Ley Contra la Violencia Política hacia las Mujeres», afirmó García, quien lamentó que dicha legislación no haya sido aprobada antes del proceso electoral primario. La ministra subrayó que, de haberse implementado oportunamente, «ya tendríamos varias lecciones aprendidas de agresores que debieron recibir su cometido para no cometer el mismo acto contra ninguna mujer que participa en política».

García enfatizó la importancia de eliminar cualquier forma de violencia en el ámbito político, independientemente de la afiliación partidaria de las personas involucradas.

La gravedad de la situación quedó evidenciada en un reciente informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según los datos recopilados hasta el 25 de febrero de 2025, 24 hondureños han sido víctimas de hechos violentos relacionados con el proceso electoral que inició formalmente el 8 de septiembre de 2024.

El mismo informe revela que nueve mujeres figuran entre las víctimas de violencia política, en un contexto que incluye seis homicidios (cuatro de ellos contra precandidatos a alcaldes), cuatro atentados, seis agresiones simbólicas, dos agresiones físicas, dos amenazas de muerte, tres intentos de coacción o intimidación y un caso de difamación.

Estas estadísticas subrayan la urgencia de implementar marcos legales robustos para proteger a quienes participan en la vida política hondureña, especialmente a las mujeres, que enfrentan formas específicas de violencia basadas en género cuando aspiran o ejercen cargos públicos.

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