La presidenta de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas comenzó a leer este viernes el primer dictamen sobre las medidas urgentes reclamadas por Sudáfrica contra Israel, al que acusa de “genocidio” en la Franja de Gaza, un veredicto seguido de cerca en todo el mundo. .
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en los Países Bajos, podría ordenar a Israel que detenga su ofensiva militar, iniciada tras el ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre en el sur del Estado hebreo, o que facilite la llegada de ayuda humanitaria al enclave palestino.
Sin embargo, el tribunal no se pronunciará sobre la cuestión de fondo de saber si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.
Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la CIJ, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.
Durante las audiencias, Adila Hassim, una de las abogadas de Sudáfrica, declaró que “los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas” que justifican “una acusación verosímil de actos genocidas”.
El caso provocó reacciones vehementes en Israel. “Es el mundo al revés”, afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal”, declaró el 14 de enero.
“Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel”, afirmó en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.
Valor “moral y político”
La CIJ, que trata diferentes entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania.
En América Latina, una lista de países gobernados por la izquierda, como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela, apoyan la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel.
Por su parte, México y Chile recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investiguen probables crímenes de guerra en el marco del conflicto, tanto los “cometidos por israelíes o por palestinos”, en palabras del canciller chileno, Alberto van Klaveren. .
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el líder latinoamericano más activo a la hora de pedir un alto el fuego, acusó a Israel de “actos de terrorismo” y su gobierno decidió apoyar a Sudáfrica “a la luz de las flagrantes violaciones al derecho internacional”. humanitario”.
Pero Brasil es consciente de que aunque la CIJ ordenara a Israel parar su ofensiva, el dictamen tendría sobre todo un valor “moral y político”, explicó Roberto Goulart Menezes, profesor de Relaciones Internacionales y coordinador del Núcleo de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia.
Un impacto simbólico “enorme”
“Es concebible que una orden del tribunal no tenga ningún impacto significativo en la operación militar israelí”, afirmó Cecily Rose, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos.
Pero si la CIJ, como tercera parte neutra, determinase la existencia de un riesgo de genocidio en Gaza, “será mucho más difícil que un país siga apoyando a Israel”, apuntó Juliette McIntyre, experta en derecho internacional de la Universidad de Australia del Sur. .
Los países que más han apoyado el caso ante la CIJ han sido los de mayoría musulmana, entre ellos Irán, Turquía, Jordania, Pakistán, Bangladesh, Malasia y las Maldivas.
Un fallo que vinculase a Israel con posibles actos de genocidio tendría además un impacto simbólico “enorme”, considerando la historia del Estado hebreo, subrayó la experta en derecho internacional.
La guerra estalló el 7 de octubre con la incursión de comandos islamistas que mataron a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.
Las acciones de represalias, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento al menos 26.083 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud del territorio.
Hamás indicó el jueves que acataría un alto el fuego si la CIJ lo ordenase y “si el enemigo también lo hace”.
