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Comiso definitivo de bienes a comisario retirado por incongruencia patrimonial supera los 74 millones de lempiras

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Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de Honduras ha declarado el comiso definitivo de un conjunto significativo de bienes pertenecientes al comisario retirado Constantino Josué Zavala Laínez y su familia.

Los bienes incautados incluyen dos inmuebles, 14 vehículos, tres sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias, distribuidos principalmente en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.

Esta sentencia es el resultado de investigaciones exhaustivas realizadas por la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-ADPOL) que cubrieron el período de 2008 a 2018. Durante esta década, se detectó una incongruencia patrimonial en la familia Zavala Laínez que excedía los 74 millones de lempiras.

El comisario en retiro, específicamente, no logró justificar más de 16.8 millones de lempiras en activos, y se observaron movimientos financieros atípicos que incluyen un incremento patrimonial considerable con más de 11 millones de lempiras mantenidos constantemente a su favor.

Además, se identificaron depósitos en efectivo por más de 4.5 millones de lempiras cuyo origen no pudo ser esclarecido, relacionados con empresas como Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L., Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.

Investigaciones adicionales a familiares y socios, incluyendo a Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres, revelaron un patrimonio injustificado que supera los 57 millones de lempiras.

Este caso es parte de una operación más amplia que también involucró al comisionado retirado Adrián René Flores Marcelino, con bienes no justificados que suman más de 84.5 millones de lempiras.

En total, se aseguraron e incautaron 83 bienes de origen ilícito como resultado de cuatro allanamientos realizados el 11 de abril de 2022, evidenciando un esfuerzo sostenido por combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito dentro de las fuerzas de seguridad.

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