Tegucigalpa – Según Blanca Izaguirre, comisionada nacional de los derechos humanos, la actual crisis alimentaria del país exige la adopción de medidas inmediatas y urgentes para la protección integral de los derechos humanos vinculados a las condiciones de vida de la población.
Enfatizó que el gobierno de Honduras debe mantener la crisis alimentaria en el primer lugar de su lista de prioridades para que las políticas e iniciativas previstas estén enfocadas a atender las demandas y dificultades que la envergadura del tema amerita.
Según algunos informes, se estima que hay 2.6 millones de personas en Honduras que están pasando por una emergencia debido a la inseguridad alimentaria y necesitan asistencia inmediata.
Continuó, “La crisis es resultado del fuerte incremento en el precio de la canasta básica y de los combustibles, la caída en la producción de granos básicos como el maíz y el frijol por factores climáticos, el acceso restringido a insumos y aspectos que afectan una aumento en el precio de los alimentos básicos en la dieta hondureña”.
Conadeh ha respondido en las últimas semanas a las denuncias de personas que criticaron los costos desorbitados de artículos de la canasta básica, como huevos, frijoles, tortillas, aceite y café, entre otros.
aumentos que han sido confirmados por la tabla de precios de la Secretaría en la Oficina de Desarrollo Económico.
Con el fin de instar al Estado hondureño a generar políticas y planes nacionales que garanticen la seguridad alimentaria de la población, la Conadeh, ante esta situación, retomó los lineamientos de Protección al Consumidor de Naciones Unidas.
En los últimos años, el corredor seco hondureño fue declarado en estado de “emergencia” debido a los efectos de la escasez de agua, que se tradujo en la pérdida de cultivos y del poder adquisitivo de las familias locales.
En el contexto de estas emergencias, aproximadamente 65.000 familias de 74 municipios sufrieron afectaciones severas, otras 51.800 familias de 34 municipios sufrieron afectaciones moderadas y aproximadamente 53.000 familias de 37 municipios sufrieron afectaciones leves.
los departamentos de Comayagua, El Paraso, Francisco Morazán, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Yoro, Choluteca, Intibucá, La Paz y Valle. La emergencia más reciente destacó el hecho de que las familias afectadas, que suman más de 170.000, se distribuyeron en 145 municipios.
La seguridad alimentaria y nutricional se define como la condición en que todas las personas tienen acceso oportuno y permanente a los alimentos que requieren en calidad y cantidad para su adecuado consumo y uso biológico, asegurando así que todos los individuos gocen de un estado de bienestar que favorezca el desarrollo humano. .
Como signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Honduras reconoce que todos tienen el derecho humano fundamental de estar protegidos contra el hambre y se compromete a tomar medidas para mejorar la producción, conservación y distribución de alimentos mientras asegurar una distribución equitativa que refleje las necesidades de la población.
Arriba Hasta ahora, brindar atención de emergencia a familias que viven en situaciones precarias ha sido una de las principales prioridades de la entidad estatal de derechos humanos.
