Tegucigalpa. – El Congreso Nacional no puede modificar ni derogar el auto acordado de extradición porque no lo hizo y no se ha dictado ninguna ley al respecto, según el experto en derecho penal Marlon Duarte, quien hizo esta declaración este lunes.
“Ni siquiera el Congreso Nacional puede reformar el auto acordado porque no lo hizo, tampoco puede derogarla porque no se ha dictado una ley de extradición”, afirmó Duarte.
Debido a que la extradición «no puede existir sin una ley», el jurista argumentó que el Congreso Nacional debería promulgar una ley de extradición. «.
El abogado defensor penal estuvo de acuerdo y dijo que las leyes deben hacerse de acuerdo con las necesidades de la sociedad hondureña y no en función de los intereses individuales.
Según Duarte, la extradición es imposible en una nación que defiende el estado de derecho si no hay una ley que lo sustente.
Como no existe una ley que obligue al Estado requirente a presentar su solicitud de extradición con la fuerza correspondiente, argumentó que el punto es claro y que, si se cambiara la Constitución de la República para permitir la extradición, lógicamente tendría que haber una ley que rige el formato y el procedimiento para hacerlo.
La representante del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, se refirió a la intención de reformar el procedimiento de extradición y cree que detrás de eso solo se puede inferir que hay un interés en facilitar futuras solicitudes de la justicia extranjera.
La diputada afirmó que “hay interés en asistir a potenciales extraditables”, y agregó que ya se han concretado más de una treintena de extradiciones de acuerdo a un auto acordado previamente aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En realidad, el proceso de extradición no es un juicio de sentencia”, aseveró».
La legisladora de Cortés afirmó que “la manipulación de la extradición solo puede indicar que existen motivos para favorecer a los posibles extraditables; muchas extradiciones se han llevado a cabo exitosamente con la orden acordada. El proceso de extradición no es realmente un proceso judicial”.
Un expresidente de la República, un exjefe de policía, un exdiputado y varios capos del hampa se encuentran entre los 36 compatriotas que han sido extraditados a Estados Unidos desde 2012, cuando se hizo una reforma al artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición de los ciudadanos por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.