Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras decidió este martes, por mayoría de votos, declarar constitucional el Decreto 04-2022, conocido popularmente como el «Pacto de Impunidad». Esta resolución implica que los recursos presentados en contra de esta controvertida ley fueron declarados «sin lugar», manteniendo así vigente el decreto en su totalidad.
Melvin Duarte, oficial de comunicaciones de la CSJ, informó que la decisión se tomó en relación con dos recursos acumulados enviados por la Sala de lo Penal contra el Decreto 04-2022, oficialmente denominado Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
«La declaratoria de ‘sin lugar’ se refiere a la totalidad de la norma, lo que significa que los diferentes apartados relacionados con amnistías, indemnizaciones, la CICIH y la protección a defensores de derechos humanos están contemplados bajo la argumentación del voto mayoritario de los magistrados», explicó Duarte.
La votación resultó en diez magistrados a favor de la constitucionalidad del decreto y cinco en contra. Los magistrados que respaldaron la decisión son Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Odalys Nájera, Nelson Mairena, Roy Pineda, José Ricardo Pineda, Felipe René Speer, Aída Patricia Martínez y Roxana Morales Toro. Por su parte, Gaudy Bustillo, Walter Miranda, Anny Ochoa, Luis Alonso Discua y Marvin Rigoberto Espinal votaron en contra.
Esta determinación tiene implicaciones significativas para el país, especialmente en relación con la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
Diversos sectores de la sociedad y actores políticos habían advertido que declarar constitucional el «Pacto de Impunidad» podría obstaculizar la llegada de este organismo internacional, destinado a combatir la corrupción en el país.
El Decreto 04-2022 ha sido objeto de polémica desde su aprobación, ya que ha permitido liberar de acusaciones penales a reconocidos exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano, como Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, Rodolfo Padilla Sunseri, Rafael Barahona y Germán Enrique Ayala, entre otros.
Los impulsores del decreto sostienen que su objetivo es resarcir los daños a las víctimas del golpe de Estado de 2009, mientras que sus detractores lo consideran un mecanismo para perpetuar la impunidad.
La sesión del pleno de magistrados, conformado por nueve titulares y seis suplentes, fue pospuesta en una ocasión previa, el 20 de septiembre, debido a que algunos miembros solicitaron más tiempo para prepararse. Finalmente, con una votación de 10 a 5, se confirmó la constitucionalidad del decreto en cuestión.
Tras el fallo, el portavoz de la CSJ indicó que cada caso concreto de personas que pretendan beneficiarse del decreto deberá volver a la Sala de lo Penal. Desde allí, se remitirá cada causa a las unidades jurisdiccionales correspondientes para que los jueces tomen decisiones específicas en cada expediente.
La decisión ha generado reacciones diversas en el ámbito nacional. Mientras algunos ven en el fallo una reafirmación del Estado de Derecho y la independencia judicial, otros expresan preocupación por el posible impacto negativo en la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que este resultado podría representar un retroceso en los esfuerzos por combatir la impunidad en Honduras.
El futuro de la CICIH en el país queda ahora en entredicho, y la atención se centra en las acciones que tomará el gobierno y las instituciones hondureñas para enfrentar los desafíos en materia de justicia y transparencia.
La comunidad internacional y la ciudadanía esperan que se reafirmen los compromisos para fortalecer el sistema judicial y promover la rendición de cuentas, elementos esenciales para el desarrollo democrático de Honduras.
