Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha decidido abstenerse de emitir su opinión sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, el cual busca eliminar la mayoría de los regímenes de exoneraciones fiscales, generando la oposición del sector empresarial.
En una decisión unánime, los magistrados de la CSJ han argumentado que el proyecto es de carácter económico y administrativo, por lo cual la Constitución del país no les permite pronunciarse al respecto.
Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, el artículo 219 de la Constitución establece que el Congreso Nacional no puede aprobar leyes que modifiquen disposiciones establecidas en códigos de la República sin escuchar previamente la opinión de la CSJ.
Sin embargo, esta norma constitucional excluye los pronunciamientos de la Corte Suprema en proyectos de ley de índole político, económico y administrativo.
De esta manera, el pleno de magistrados de la CSJ ha expresado que el Congreso Nacional puede continuar con la discusión del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, ya que consideran que se trata de una ley de carácter económico y administrativo.
La comisión legislativa designada para analizar el proyecto presentará próximamente su dictamen ante el pleno del Congreso, después de haberlo socializado con diferentes sectores de la sociedad hondureña, tras ser remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado en un Consejo de Ministros.
El proyecto de ley, impulsado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), tiene como objetivo aumentar las recaudaciones fiscales en el país y garantizar que aquellos con mayores ingresos contribuyan de manera proporcionalmente más alta.
Sin embargo, la empresa privada de Honduras se ha opuesto firmemente al proyecto, argumentando que afectará tanto a la inversión pública como privada. Esto se debe a que el gobierno busca eliminar la mayoría de los regímenes especiales de los que actualmente se benefician algunos sectores económicos, incluyendo el turismo.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha advertido que, de aprobarse la ley sin tener en cuenta las recomendaciones que han sugerido a la comisión encargada del dictamen, se podrían perder al menos 500 mil empleos en todo el país.
La controversia en torno a la Ley de Justicia Tributaria continúa, y se espera que el Congreso Nacional evalúe cuidadosamente los diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión final sobre este importante proyecto de ley.
