Tegucigalpa – La máster Perla Simons presentó oficialmente su renuncia al cargo de decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según confirmaron este jueves las autoridades universitarias. Esta decisión se produce en medio de acusaciones formales en su contra por parte del Ministerio Público.
Ante esta situación, el rector de la UNAH, Odir Fernández, ha tomado medidas inmediatas para garantizar la continuidad operativa de la facultad, nombrando una comisión de acompañamiento y apoyo que se encargará temporalmente de la gestión académica y administrativa. Este grupo estará integrado por tres profesionales: la máster Karen Mendoza, el máster Javier Martínez y el doctor Gustavo Adolfo Bustillo, quien se desempeña como profesor en dicha facultad.
Fernández aclaró que «la comisión de apoyo no suplirá la decanatura de la Facultad de Medicina», y explicó que la Junta de Dirección Universitaria (JDU) será la encargada de iniciar el proceso normativo para nombrar primero a un decano interino y posteriormente al sustituto definitivo de Simons.
La decisión de establecer esta comisión temporal responde, según el rector, a la necesidad de dar continuidad a importantes proyectos en marcha, entre ellos inversiones en infraestructura que superan los 100 millones de lempiras, así como procesos de acreditación y autoevaluación de las carreras.
«Recientemente se transfirieron 12 millones de lempiras a la Facultad de Medicina para el fortalecimiento de los laboratorios y la parte tecnológica», reveló Fernández, quien indicó que la comisión centrará su trabajo en tres ejes fundamentales: planificación, ejecución presupuestaria y desarrollo administrativo, además de la parte académica.
La renuncia de Simons se produce después de que esta semana el Ministerio Público la acusara formalmente por el delito de fraude en el desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales y reducción de la pobreza, durante su etapa como diputada en el Congreso Nacional. Según las acusaciones, Simons, junto con José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía, habría defraudado al Estado hondureño por un monto de 27 millones 095 mil 708.84 lempiras.
Al respecto, el rector de la UNAH enfatizó que «el requerimiento fiscal del ente acusador es a título personal de los imputados y no involucra a la UNAH», y recordó que «estas personas son inocentes hasta que una resolución judicial no diga lo contrario», respetando así el principio de presunción de inocencia.
