Tegucigalpa – El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda, aseguró que los extitulares de esa institución, Ebal Díaz y Ricardo Cardona, habrían participado -directa o indirectamente- en el desvío de 450 millones de lempiras de un fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en 2014.
“Apareció una pérdida de dinero, un extravío de más de 450 millones de lempiras ese fideicomiso (…) no nos queda otra más que cumplir la obligación de abocarnos a las autoridades especiales para este tipo de investigaciones y hacerles entrega de la documentación que ellos nos han pedido”, mencionó Sauceda.
Asimismo, explicó que pusieron en manos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) 17 leitz -archivadores-, una memoria USB con información pertinente al caso y un certificado de entrega de documentos del personal que laboró en el periodo de investigación.
“Según los documentos, fue en la administración de Ebal Díaz (2015-2018) y de Ricardo Cardona (2013-2015). Nosotros estamos entregando al MP la información suficiente para que profundicen y el destino del dinero”, especificó el titular de Conatel.
Sauceda relató que cuando tomó posesión del cargo, en marzo pasado, hizo las consultas pertinentes sobre la institución y llegó al supuesto extravío de dicho fideicomiso.
Cabe señalar que, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se personaron a las oficinas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), donde recepcionaron documentación certificada que fue requerida como parte de una investigación en curso.
Se trata de seguimientos a diligencias con las que el Ministerio Público busca determinar el uso y manejo de un fideicomiso suscrito entre Conatel y Banadesa en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras, del cual se recibió una denuncia por supuestos actos de corrupción.
En ese contexto, se indaga sobre la presunta comisión o existencia de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia además es por el destino y utilización de otros millonarios fideicomisos convenidos entre Banadesa y la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), en la administración anterior.
En torno al caso de Conatel, como se recordará, el pasado 29 de julio, la UNAF y la ATIC efectuaron una primera inspección como parte de la Operación Némesis VII.
