Tegucigalpa – El Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa ordenó este viernes prisión preventiva para dos personas implicadas en la adquisición irregular de ventiladores mecánicos destinados a la atención de pacientes con COVID-19.
En la audiencia inicial, el tribunal dictó auto de formal procesamiento y decretó la medida de prisión preventiva contra Alexi Yamil Peña Medina y Clara Lizeth Trejo Moncada. Ambos son acusados de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.
Según el requerimiento fiscal, la investigación señala que durante la pandemia se realizó una compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron adecuadamente para los pacientes afectados. Los equipos fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su uso, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de Honduras por un monto de 63,839,377.80 lempiras.
Además de los dos imputados, el expediente incluye a otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Lisandro Rosales, ex canciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Jessica Canahuati Farah, ex cónsul de Honduras en Nueva York; y Cristian Elías Chavarría. Estas personas aún no han sido localizadas en el proceso judicial.
Las partes involucradas fueron notificadas de que pueden interponer el recurso de apelación correspondiente ante la resolución emitida. La audiencia preliminar ha sido programada para el jueves 24 de octubre a las 9:00 de la mañana.
Este caso es parte de las investigaciones que buscan esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión y adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
