Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Jorge Zelaya, ha generado revuelo en las últimas horas debido a una entrevista viral en la que expone las generosas prebendas que reciben los regidores de la alcaldía del Distrito Central (AMDC). Durante su participación en el programa, Zelaya reveló detalles sorprendentes sobre los beneficios y privilegios que disfrutaban mientras ocupaban el cargo.
En su testimonio, Zelaya mencionó que durante su período como regidor, que abarcó desde 2014 hasta 2018, percibían un salario mensual de 75 mil lempiras. Sin embargo, lo más llamativo eran los montos adicionales destinados a gastos de representación. Según el diputado, recibían 150 mil lempiras mensuales para cubrir estas necesidades, pero gran parte de ese dinero se utilizaba para atender solicitudes de ayuda de emergencia por parte de la ciudadanía.
El ex-regidor reveló que algunos miembros de su partido político conseguían fotocopias de las tarjetas de identidad para justificar la entrega de asistencias sociales. Además de estos fondos mensuales, cada dos meses recibían una suma adicional de 50 mil lempiras, así como canastas y obsequios monetarios para celebraciones especiales como el Día de la Madre y el Día del Niño. También se les otorgaba un monto trimestral de 100 mil lempiras destinado a becas.
Otro beneficio significativo era la asignación de hasta 15 cupones mensuales para combustible, los cuales podían ser utilizados para llenar el tanque de sus vehículos. En resumen, los regidores de la alcaldía capitalina llegaban a percibir un total de 225 mil lempiras mensuales, y cada tres meses esta cifra se elevaba a 425 mil lempiras.
La revelación de estas prácticas ha generado una fuerte reacción por parte de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionan por qué Zelaya ha decidido hacer estas declaraciones hasta ahora. Muchos expresan su indignación ante la evidente opulencia y el uso cuestionable de los recursos públicos destinados a representantes electos. La revelación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político, así como la necesidad de implementar medidas más estrictas para evitar el abuso de poder y el derroche de fondos destinados al beneficio de la ciudadanía.
