Tegucigalpa – El intercambio de declaraciones entre el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, y el exministro de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, ha generado un debate sobre la capacidad de gestión de la institución y la efectividad de las acciones pasadas.
Zelaya ha respondido a las críticas de Orellana, señalando que durante su gestión como fiscal general, no logró resultados significativos en comparación con el proceso judicial en Nueva York que llevó a la condena del expresidente Rafael Callejas.
Por otro lado, el Ministerio Público procedió recientemente a asegurar 131 bienes pertenecientes al expresidente Juan Orlando Hernández y su círculo familiar.
En este contexto, Zelaya reconoció que la OABI ha enfrentado desafíos en el pasado en cuanto a su gestión y funcionamiento, destacando la necesidad de reformas legales para mejorar su eficiencia y capacidad de actuación.
Enfatizó que la función principal de la OABI es administrar los bienes incautados, cumpliendo con las disposiciones judiciales correspondientes. Sin embargo, lamentó la falta de recursos humanos y financieros adecuados para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva.
Además, Zelaya subrayó que la OABI enfrenta demandas por parte de personas afectadas por los aseguramientos de bienes, a pesar de que la institución solo recibe el 5 % de los ingresos por la custodia de estos activos.
Esta situación, según él, refleja la necesidad de una revisión del marco legal que rige a la OABI para garantizar su funcionamiento óptimo.
En cuanto a los bienes asegurados al expresidente Hernández, Zelaya informó que la OABI ha desplegado equipos de trabajo en varias ubicaciones para llevar a cabo la inspección y custodia adecuada de estos activos, incluyendo propiedades en Tegucigalpa, Olancho y Lempira.
