Tegucigalpa – El dirigente del sector del transporte, Gerardo Aguilar, ha revelado la abrumadora carga financiera que representa la extorsión para este rubro en Honduras. Según Aguilar, el transporte público paga aproximadamente mil 400 millones de lempiras al año en concepto de extorsión.
Esta cifra asombrosa refleja el impacto económico significativo que tiene este flagelo en la industria del transporte en el país.
Aguilar también ha señalado que la extorsión ha tenido consecuencias devastadoras en el sector del transporte, con la desaparición de rutas y puntos de taxis debido a este problema.
Para abordar esta situación, ha instado a la Secretaría de Seguridad a implementar protocolos de intervención en las rutas, buscando una solución a un problema que ha afectado profundamente a los trabajadores y usuarios del transporte público.
El líder del transporte también ha destacado que el surgimiento de nuevos grupos criminales ha empeorado aún más la situación, sometiendo a nivel nacional a quienes trabajan en este sector. Según sus declaraciones, alrededor de cuatro grupos extorsivos están afectando al transporte público en promedio.
Además de la extorsión directa, Aguilar ha mencionado otro problema relacionado con el “tráfico” de Documentos Nacional de Identificación (DNI) en el Registro Nacional de las Personas (RNP). Según él, muchas transferencias de dinero a grupos criminales se realizan a nombre de ciudadanos fallecidos.
En este sentido, ha instado al RNP a dar de baja a estas personas no solo del sistema electoral, sino de todos los mecanismos financieros, argumentando que las personas fallecidas no deberían estar involucradas en transacciones financieras.
El dirigente también ha resaltado que muchos de los pagos de extorsión se realizan a través de monederos electrónicos que no están regulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Esto crea una facilidad para que los grupos extorsivos cobren sus extorsiones de manera discreta y sin obstáculos, lo que agrava aún más el problema.
En resumen, la extorsión en el sector del transporte en Honduras no solo representa una carga económica asfixiante, sino que también está afectando la seguridad y la viabilidad de las operaciones de transporte público en el país. Las autoridades y las partes interesadas deben trabajar juntas para abordar este problema de manera efectiva y encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y usuarios del transporte.
