Tegucigalpa. – La diputada del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, reveló este lunes que el gobierno hondureño aprobó el decreto ejecutivo 081-2020 que traslada la administración del sector energético a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En ese sentido, la parlamentaria informó que el decreto implica la cancelación del contrato del gobierno con la Empresa de Energía Honduras (EEH).
“Hemos leído con mucha atención el PCM que plantea que se traslade la administración de la energía a la ENEE. Esto significa que se están dando algunos pagos para romper el contrato con la EEH”, aseveró.
Asimismo, advirtió que el Estado de Honduras pagaría una fuerte indemnización a EEH por unos 500 millones de dólares, por incumplimiento de contrato, al tiempo que advirtió que la población hondureña terminaría pagándolo mediante impuestos, por lo que consideró que el final “será más caro la enfermedad que el remedio”.
Gutiérrez reiteró que el mayor beneficiado en romper este contrato es la EEH, por la gran suma de dinero que obtendrá, ya que es el Estado quien está incumpliendo su compromiso.
Por su parte, el gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH), Ricardo Roa, descartó una demanda contra el Estado y que solo están solicitando el cumplimiento del contrato, a través de un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En estos contratos tratándose de un tema tan importante como es la energía hay que tener mucho cuidado y medir las cosas con mucho pulso y ponderación”, advirtió Roa.
Detalló que el recurso contiene tres aspectos, que se declare la acción de constitucionalidad de amparo en contra del decreto ejecutivo PCM 081-2020.
Que se declare su no obligatoriedad respecto al reclamante por tener disposiciones que contravienen, disminuyen y tergiversan los derechos constitucionales y que se solicite la suspensión del acto reclamado, acotó.
Aclaró que hasta el momento ellos no tienen ninguna circular, ningún oficio o norma en la que digan que el inversionista operador ha incumplido alguno de sus indicadores.
Defendió que las pérdidas muestran una recuperación importante y han solicitado a apoyo al Ministerio Público para que se haga un cambio de cultura fuerte en torno a las pérdidas de energía en el país.
Indicó que el control de las operaciones es responsabilidad de la empresa, pero no de la judicialización y penalización del fraude en la energía en el país.
“Hemos denunciado actos en los cuales el gobierno a través de la Comisión Interventora ha querido plantear la intervención del contrato y la toma del control”, añadió.
Sostuvo que han presentado denuncias ante instancias judiciales, como el Conadeh, Ministerio Público, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Juzgado de Letras de lo Civil, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, BID y BCIE.
Roa informó que hasta la fecha el Estado adeuda a EEH 409 millones de dólares de los cuales 277 millones son por concepto y la diferencia es por intereses y las inversiones que se han hecho.
