Tegucigalpa – Marlon Ochoa, director del Servicio de Rentas Internas (SAR), reiteró este martes que las 10 familias más ricas de Honduras se confabularon con los nacionalistas para evadir impuestos.
En el primero de 25 tuits publicados, el funcionario reiteró que “10 de las familias más ricas de Honduras pagan tres centavos de impuestos por cada 100 lempiras que ingresan a sus empresas. Comparto información que evidencia complicidad del Partido Nacional en protección del esquema de evasión”.
El jefe de el SAR acusó al Partido Nacional de idear un esquema de evasión de impuestos a través de mecanismos comerciales y de transparencia fiscal como el secreto bancario, el intercambio al portador, la falta de intercambio internacional de información y los principios de arrendamiento de tierras.
Dijo: “con la aprobación del Código Tributario en 2016, el Partido Nacional convirtió a Honduras en el único país del mundo en retroceder el principio de renta mundial a territorial, permitiendo que rentas reales o simuladas del exterior no pagaran impuestos”.
“Este cambio en el sistema tributario ha permitido a apenas 503 personas jurídicas y naturales evadir 57 mil 132 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023, un promedio del 7.3 por ciento de la recaudación de cada año”, dijo Ochoa en la cuarta publicación.
“el nuevo Código Tributario de 2016 también impuso un secreto bancario de facto, al hacer prácticamente imposible para la administración tributaria acceder a información bancaria de las personas naturales o jurídicas que audita”, señaló.
Agregó que estas restricciones convierten a Honduras en uno de los países que restringen el acceso de las autoridades fiscales a la información bancaria.
En los EE.UU., el IRS puede acceder a la información bancaria sin intervención regulatoria, citó. “La nueva ley tributaria también inició la práctica de emitir ‘reglas’ prohibiendo la fiscalización de empresas que pagaron el 1,5% de sus ingresos brutos a la SAR, Aduanas y Hacienda entre 2012 y 2016”, señala Ochoa.
Dijo: “el nuevo Código Tributario también inauguró la práctica de conceder “regularizaciones”, que prohibieron al SAR, Aduanas y la Secretaría de Finanzas auditar los períodos entre 2012 y 2016 a empresas que pagaran el 1.5 por ciento de sus ingresos brutos”.
Comentó que, “ese artículo promovió el otorgamiento de incentivos fiscales para empresas evasoras. El Estado perdió el 230 por ciento de lo que recaudó con las amnistías y regularizaciones. Por cada lempira recaudado, perdió 2.3 lempiras”.
“el 28 de junio de 2017 la regularización se amplió para también extinguir de los cobros de deudas de períodos anteriores a 2012, es decir, que con la regularización el Estado desistió de cobrar más de cuatro mil millones de lempiras en procesos judiciales”, señaló.
Del mismo modo, “el 18 de enero de 2018, esa regularización se amplió nuevamente para abarcar también el período fiscal 2017, legalizando de esta forma que unas cuantas empresas obtuvieran inmunidad tributaria los seis períodos fiscales que van del 2012 al 2017”.
Agregó en julio de 2019 que el sistema cancelaría las obligaciones tributarias de las corporaciones con el gobierno, mientras que el gobierno cancelaría las obligaciones tributarias comerciales (a través de comprobantes de crédito), y agregó “claramente”.
“Mientras la mayoría de los países del mundo eliminaban acciones al portador, el Partido Nacional mantuvo vigente su existencia en el Código del Comercio, permitiendo que las empresas ocultaran quiénes eran sus dueños y operaciones ilícitas”, dijo el funcionario en las redes sociales.
Dijo: “Honduras es único país de Centroamérica que mantiene vigentes acciones al portador; derogadas en 1980 en Costa Rica, 2010 en Guatemala, 2015 en Panamá, 2018 en Nicaragua y 2021 en El Salvador. De 2009 a 2019, 34 países derogaron esa figura”.
“el gobierno del Partido Nacional también ignoró denuncias internacionales entre 2016 y 2021 sobre empresarios y políticos hondureños que constituyeron empresas de maletín en paraísos fiscales para evadir impuestos”, argumentó.
“Entre 2016 y 2021, el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) hizo pública filtración de 36.8 mil documentos conocidos como Panamá, Paradise y Pandora Papers, donde se vinculan 135 empresarios y 11 políticos hondureños” dijo el funcionario.
“entre 2016 y 2021 no se realizó ninguna auditoría ni investigación vinculada a los Panamá, Paradise ni Pandora Papers, permitiendo que se utilizaran empresas constituidas en paraísos fiscales para ocultar a sus dueños hondureños”, dijo.
“Hoy Honduras sólo accede a información de cinco países del mundo: Estados Unidos desde 1991 y Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica desde 2007, convirtiendo al resto del mundo en cancha libre para ocultar capitales hondureños”, explicó.
Sin embargo, resaltó, “Ley de Justicia Tributaria impulsada por la presidenta Xiomara Castro sin crear ni subir impuestos, profundiza la transparencia tributaria y elimina las barreras creadas para ocultar capitales y evadir el pago de impuestos”.
“esta reforma se intercambiará información bancaria y tributaria con 146 países del mundo con la ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC)”, aseguró.
En este sentido, el SAR implicaba que estas empresas estarían obligadas a declarar quiénes serían los beneficiarios finales de sus ingresos, incluso si establecieran una sociedad de cartera en un paraíso fiscal (Sección 32 de la Ley de Equidad Fiscal propuesta).
Explicó que se eliminarán los indicadores de transparencia comercial como las acciones al portador, lo que obligará a las empresas a registrar los nombres de sus propietarios en un plazo de seis meses (artículo 18 de la Ley de Propiedad Ilícita).
Además, el SAR puede acceder a la información bancaria bajo estrictas medidas de seguridad y detectar movimientos de capitales transfronterizos utilizando más de 30 políticas de seguridad de la información (artículo 31 de la Ley de Equidad Fiscal).
También eliminaría la capacidad del SAR, Aduanas e Impuestos Especiales para promulgar regulaciones que limiten el escrutinio y legalicen la evasión fiscal (Sección 31 de la Ley de Equidad Fiscal propuesta).
Una amplia cadena de tuits concluyó que “la eliminación de los mecanismos legales usados por los más ricos para evadir impuesto es necesario para avanzar hacia un modelo económico sin corrupción, sin coimas y sin competencia desleal”.
