Tegucigalpa – La magistrada Julissa Aguilar, especializada en Criminalidad Organizada y Corrupción, enfatizó que la corrupción no solo mancha la reputación internacional del país, sino que también tiene un impacto significativo a nivel nacional, afectando el desarrollo y la inversión.
En su análisis, Aguilar destacó la estrecha relación entre la corrupción y la disminución de la inversión y el desarrollo social, señalando que combatir este flagelo es crucial para atraer inversiones y mejorar las condiciones de vida de la población, lo que a su vez podría reducir la migración.
La preocupación de la magistrada se acentúa al considerar los datos de Transparencia Internacional, que posicionan a Honduras como uno de los países más corruptos de la región centroamericana.
Esta percepción negativa, subrayó Aguilar, obstaculiza el acceso a la justicia, especialmente para los grupos más vulnerables, al reducir los recursos disponibles para fortalecer las instituciones judiciales.
En cuanto al papel del Congreso Nacional, Aguilar lo considera crucial en la lucha contra la corrupción, ya que desde esa instancia se promulgan las leyes necesarias para combatirla.
Destacó la importancia de que el Congreso esté activamente involucrado en este tema para mejorar los índices de corrupción en Honduras.
La magistrada enfatizó la necesidad de comenzar a trabajar en este problema de manera inmediata, aunque reconoció que los resultados serán a largo plazo debido a la necesidad de realizar cambios estructurales profundos, lo que no será una tarea fácil.
En cuanto a la elección de los fiscales en el Ministerio Público, Aguilar informó que las sesiones en el Congreso ya están en marcha y se están llevando a cabo negociaciones entre las partes interesadas.
Se espera que en los próximos días se alcance un consenso sobre quién ocupará el cargo de fiscal a nivel legislativo, lo que representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en Honduras.
