Tegucigalpa – La politóloga María Luisa García ha expresado sus preocupaciones sobre el juicio en curso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), señalando que revela la infiltración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales a través de individuos que se disfrazan de políticos.
García destaca que no se trata simplemente de una penetración del crimen organizado en las estructuras estatales y los partidos políticos, sino que estas figuras disfrazadas de políticos son parte intrínseca del entramado del crimen organizado, el cual ha logrado tomar el control político.
El escrutinio del juicio no se limita a la administración de Hernández, ya que varios expresidentes, incluyendo a Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, han sido mencionados en el transcurso del litigio.
Zelaya, esposo de la actual presidenta, Xiomara de Zelaya, y Lobo, han sido vinculados con actos de corrupción y delincuencia.
Raymond Colón, abogado de Hernández, ha indicado que el propio exmandatario testificará a su favor en las próximas sesiones del juicio.
Sin embargo, García enfatiza que la Fiscalía estadounidense cuenta con pruebas sólidas para sustentar sus acusaciones, independientemente de quiénes sean los testigos presentados por la defensa.
Gran parte de las acusaciones presentadas en el juicio provienen de testigos que han relatado las operaciones ilícitas en las que participaron con el exfuncionario.
Entre las pruebas físicas presentadas se encuentra la llamada «Narco Libreta» de contabilidad, así como armas de fuego, granadas y dinero en efectivo recuperados por la Policía Militar en 2018, según el testimonio del narcotraficante Nery Orlando López, alias Magdaleno Meza.
Para García, el gobierno hondureño tiene la responsabilidad de demostrar su compromiso con la legalidad y la justicia, tanto ante la sociedad nacional como ante la comunidad internacional.
Esto implica investigar y enjuiciar a aquellos que resulten incriminados en el juicio, así como desarticular cualquier vínculo con el crimen organizado.
En última instancia, García insta al gobierno a investigar a fondo los activos y el dinero relacionados con el crimen organizado para erradicar su influencia y garantizar la seguridad y la integridad del Estado y de su población.
