La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes una discutida y restrictiva ley de inmigración, que tuvo los votos de la ultraderecha, en una votación que amenazó con generar una crisis política en el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Por Infobae
El texto fue aprobado por 268 votos a favor (los del bloque macronista, los conservadores de LR y la ultraderecha del RN) y 186 en contra, básicamente de la coalición izquierdista Nupes.
Se trata de una mayoría “muy amplia”, afirmó al final de la sesión el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que subrayó su satisfacción por el hecho de que el bloque macronista, el más numeroso pero que no tiene mayoría absoluta, mantuvo su unidad.
El texto votado es producto de un acuerdo alcanzado el martes en una comisión mixta Asamblea-Senado, en la que había una clara mayoría de la derecha, y que endurece la propuesta inicial y se parece mucho a la que había aprobado inicialmente la Cámara Alta, de mayoría conservadora.
El golpe de efecto llegó cuando la líder ultraderechista Marine Le Pen anunció que su partido (Agrupación Nacional, RN) apoyaría el texto y trató de apropiarse de su aprobación, al proclamar “una victoria ideológica”.
Darmanin denunció que esas declaraciones solo eran “un golpe político”, ya que el RN cede finalmente en su política de no aceptar más inmigrantes de fuera de la Unión Europea.
El texto es “imperfecto”, pero “permite la regularización de trabajadores sin papeles”, unos 10.000 por año, en sectores económicos en tensión, señaló Darmanin ante el pleno de la Asamblea antes de la votación, donde criticó a la ultraderecha por aceptar un acuerdo que antes rechazaba con el objetivo de tender “una trampa política”.
Darmanin también recordó a los diputados macronistas que, si mantenían la disciplina de voto, la aprobación sería independiente del respaldo de la ultraderecha.
Un total de 189 diputados del bloque de partidos macronistas votaron a favor, 27 en contra y 32 se abstuvieron. Por ello, los legisladores del RN permitieron la aprobación de la ley, ya que si sus 89 diputados hubieran votado en contra el texto habría sido rechazado.
Aun así, la primera ministra, Élisabeth Borne, proclamó en X que “la mayoría ha hecho un bloque. El RN ha fracasado”.
La votación en la Asamblea tuvo lugar poco después de que el Senado aprobara el proyecto de ley por un cómodo margen de 214 votos a favor y 114 en contra.
El acuerdo ha disgustado al ala izquierda del macronismo, y tres de los ministros que representan a esa tendencia (los de Sanidad, Enseñanza Superior y Vivienda) amenazaron con dimitir si el proyecto de ley era aprobado.
Los tres se reunieron con los titulares de Cultura e Industria, y con el presidente de la Comisión de Leyes de la Asamblea, de cara a una posible dimisión conjunta.
Macron convocó una reunión de urgencia en el Elíseo con la primera ministra y con los presidentes de los partidos que integran su bloque, así como con los jefes de grupo parlamentario de esas formaciones.
En esa reunión se acordó no retirar el texto alcanzado pero, en cambio, se abrió la posibilidad de una segunda lectura si el proyecto de ley salía adelante gracias a la ultraderecha del RN.
Tras ese encuentro, Borne acudió a la Asamblea para reunirse con los diputados del grupo macronista (Renacimiento) para urgirles en la importancia de la disciplina de voto, después de que algunos destacados miembros del grupo habían anunciado que votarían en contra.
“Se trata de una maniobra grosera del RN, no caigamos en su trampa”, dijo Borne en esa reunión, citada por algunos de los diputados asistentes.
Normalmente, el bloque macronista y los conservadores del LR ya son suficientes para lograr una mayoría absoluta, y Borne y Macron buscaban que los votos de la ultraderecha no fueran decisivos en caso de deserciones entre sus filas.
El texto acordado limita a 10.000 trabajadores anuales, pero no bloquea, el objetivo del Gobierno de regularizar a los inmigrantes indocumentados que se desempeñen en sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería.
Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses, el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar.
También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un período de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros.
Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos.
En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.
Se trata de “el texto más regresivo” en las últimas décadas, lamentaron en una declaración conjunta varias decenas de ONG que trabajan con inmigrantes o de defensa de los derechos humanos.
El líder histórico del izquierdista La Francia Insumisa (LFI, Jean-Luc Mélenchon), denunció que no hay “una urgencia” migratoria para aprobar este texto y recordó que Francia necesitará inmigrantes para compensar el envejecimiento de su población.
