Tegucigalpa – El Partido Liberal rechaza enérgicamente las amenazas dirigidas a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, y exige una investigación exhaustiva para proteger su integridad personal.
En un comunicado emitido este lunes, la institución política expresó su condena y preocupación por las denuncias presentadas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) sobre las amenazas que enfrenta la directora del CNA.
El Partido Liberal califica estas amenazas como actos de cobardía perpetrados por sectores antidemocráticos que buscan socavar los esfuerzos contra la corrupción en Honduras.
Hacen un llamado a las autoridades competentes para que no solo investiguen las amenazas dirigidas a la directora del CNA, sino que también se aseguren de proteger y preservar la libertad que tienen todos los hondureños de cuestionar y denunciar cualquier acto irregular que afecte la transparencia y la justicia en el país.
En este sentido, el Partido Liberal hace referencia al artículo 1 de la Constitución de la República, el cual garantiza a todos los habitantes el derecho al goce de la justicia y la libertad.
Instan a las autoridades a cumplir con su deber de salvaguardar estos derechos fundamentales y garantizar un ambiente seguro y propicio para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y denuncias sin temor a represalias.
Asimismo, el Partido Liberal hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y solidaria frente a este tipo de situaciones, y a mantener una postura firme en la defensa de los valores democráticos y la lucha contra la corrupción. Destacan la importancia de la participación ciudadana activa en la construcción de un país más justo y transparente.
En conclusión, el Partido Liberal condena las amenazas contra la directora del CNA y enfatiza la necesidad de una investigación exhaustiva que garantice su seguridad personal.
Además, hacen un llamado a las autoridades para que protejan la libertad de expresión y cuestionamiento, y cumplir con su deber de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los hondureños en la lucha contra la corrupción.
