Tegucigalpa. – Un juez de letras designado en audiencia de declaración de imputado dictó medidas distintas a la detención judicial al diputado, Alberto Chedrani, y cuatro excongresistas por supuestas operaciones fraudulentas con recursos del Congreso Nacional.
Entre los implicados y acusados por la Uferco se encuentra el diputado Alberto Chedrani Castañeda y los exlegisladores Ricardo Antonio Díaz Aceituno; José Vicente León Rojas; Rodimiro Mejía Merino y Oswaldo Ramos Soto.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 5 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.
También fueron beneficiadas otras siete personas con las medidas distintas a la detención judicial.
Entre las medidas que impuso al juez con las medidas cautelares está la prohibición de salir del país y quedar al cuidado y vigilancia de los equipos de defensa.
Todos son acusados de fraude y lavado de activos por crear organizaciones no gubernamentales (ONG) con las que desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013-2017, cuando fueron parte del Congreso Nacional en la Administración de Juan Orlando Hernández.
Los parlamentarios, según la acusación, crearon las organizaciones Líderes Comunitarios para el Desarrollo (Olicode) e Impulso Solidario (OIMSO) mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán.
No obstante, de acuerdo al requerimiento, solo se ejecutó un cinco por ciento de los fondos.
Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG Olicode y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
Cabe señalar que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de Olicode y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Chedrani Castañeda quien percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
