Tegucigalpa – La justicia hondureña ha mantenido firme su posición en el caso del exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, tras denegar la aplicación del Decreto Legislativo N°04-2022 solicitada por su defensa.
La decisión, comunicada por la Secretaría Adjunta del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, confirma la sentencia por prevaricato administrativo contra la administración pública.
La condena, que entró en vigor en 2023, establece una inhabilitación especial de seis años que impide a Padilla Sunseri ejercer cualquier cargo público, sea por nombramiento o elección popular, especialmente aquellos que impliquen la administración de bienes públicos o privados.
El caso ha atravesado diversas instancias judiciales desde 2017, cuando inicialmente el Tribunal de Sentencia emitió una sentencia absolutoria a favor de Padilla Sunseri, quien enfrentaba cargos por malversación impropia de caudales públicos agravada.
Sin embargo, tras un recurso de casación presentado por el Ministerio Público, la Sala de lo Penal revirtió esta decisión.
Los magistrados, aplicando retroactivamente el Código Penal N°130-2017 en consonancia con el Código Penal N°144-83, determinaron la culpabilidad de Padilla Sunseri como autor material de prevaricato administrativo consumado. Como consecuencia de esta sentencia, el Juzgado de Ejecución Penal notificó oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inhabilitación.
La sanción contempla, además de la inhabilitación principal, una pena accesoria que suspende los derechos ciudadanos del exfuncionario durante el mismo período de seis años, reforzando así las medidas contra actos que atentan contra la administración pública.
