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MP podría extender investigación a contratos pasados de la empresa transportista del CNE: Edmundo Orellana

El exfiscal general plantea interrogante sobre si el actual fiscal Johel Zelaya investigará contratos anteriores del CNE con la misma empresa de transporte electoral que ha sido cuestionada recientemente. La controversia se intensifica al señalarse que Rixi Moncada, actual candidata presidencial por Libre, era consejera del CNE durante contrataciones previas.

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Tegucigalpa – Edmundo Orellana, quien ocupó el cargo de fiscal general en el pasado, lanzó un cuestionamiento público sobre la consistencia en las investigaciones del Ministerio Público hacia los contratos de transporte electoral. A través de sus redes sociales, Orellana planteó una pregunta que ha generado debate en el ámbito político hondureño.

«Si la empresa de transporte contratada por el CNE es la misma que se contrató en procesos anteriores, es de suponer que el MP, por las irregularidades identificadas por el Fiscal General, investigará también esas contrataciones», escribió Orellana en su publicación, finalizando con la interrogante «¿Usted qué opina?»

El señalamiento cobra relevancia después de que el actual Fiscal General, Johel Zelaya, declarara públicamente que la empresa de transporte contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el proceso electoral en curso no cumple con los requisitos establecidos en la normativa.

Sin embargo, según señalan fuentes, se trata de la misma empresa que realizó el traslado de las urnas tanto en las elecciones primarias como en las generales durante periodos electorales anteriores.

El aspecto más controversial de este asunto radica en que durante el proceso electoral previo, Rixi Moncada, quien actualmente es candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), fungía como consejera del CNE, organismo que autorizó la contratación de dicha empresa.

Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las investigaciones y la posibilidad de un doble estándar en el escrutinio de los procesos de contratación para la logística electoral, especialmente considerando la participación de figuras que ahora ocupan posiciones políticas prominentes en el actual gobierno y en la contienda electoral.

El cuestionamiento de Orellana se suma a las preocupaciones expresadas recientemente por diversos sectores de la sociedad hondureña respecto a la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en el país.

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