Tegucigalpa. – El gobierno de Honduras, condenó este martes mediante un comunicado, el asesinato de dos lideres ambientalistas y de un periodista ocurridos este mes en Honduras al tiempo que afirma que esos crímenes se están investigando.
En el comunicado, el gobierno arguye que, en el marco de sus compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reconociendo el rol fundamental de quienes defienden estas garantías, condena las muertes de los líderes ambientalistas Félix Vásquez y Adán Mejía, y del periodista y comunicador social Pedro Canelas, ocurridas en el último mes.
Asimismo, lamenta la magnitud y la trascendencia que estos hechos representan para la institucionalidad del país.
Añade que con instrucciones del presidente, Juan Orlando Hernández, al tener conocimiento de estos hechos, de inmediato se ordenó a las dependencias de investigación correspondientes no escatimar esfuerzos en investigaciones objetivas, oportunas y eficaces en torno a estas muertes, por lo que la Secretaría de Seguridad tiene investigaciones avanzadas para dar con los responsables de estos crímenes.
Añade que el gobierno “ratifica su compromiso de garantizar que estos casos no queden en la impunidad, por lo que se continuará apoyando todas las investigaciones para que los responsables reciban todo el peso de la ley y para avanzar en la búsqueda de soluciones a las causas estructurales que generan riesgo para quienes defienden los Derechos Humanos”.
Igualmente, el gobierno se compromete a continuar fortaleciendo el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, para que los mismos puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y libre de amenazas.
En ese sentido, el presidente Hernández, solicita al Consejo Nacional de Protección realizar una sesión extraordinaria para analizar la situación y elaborar recomendaciones para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección, con el compromiso de apoyar estas recomendaciones en aras de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en éstos a toda persona.
Finalmente, expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y con sus comunidades.
