Tegucigalpa – El gobierno de Honduras anticipa una decisión crucial de la Comisión Europea y la Eurocámara la próxima semana respecto a una propuesta que podría posponer por 12 meses la aplicación de nuevas regulaciones destinadas a combatir la deforestación vinculada al consumo en la Unión Europea.
Este retraso es vital para que Honduras se prepare adecuadamente para cumplir con las exigencias del reglamento, que está en proceso de ser enmendado.
La propuesta, que será evaluada en el plenario del Parlamento Europeo del 21 al 24 de octubre, busca prevenir que las importaciones de ciertas materias primas a la UE contribuyan a la deforestación.
Según la Comisión Europea, si se aprueba, las obligaciones serán efectivas a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes operadores y comerciantes, y a partir del 30 de junio de 2026 para microempresas y pequeñas empresas.
Este dossier se tramitará por procedimiento de urgencia, lo que significa que no será discutido en la comisión parlamentaria de Medioambiente y pasará directamente al plenario.
A partir del 30 de diciembre de 2024, las empresas que importen estas materias primas en la UE deberán demostrar, a través de un sistema de geolocalización, que sus productos no han causado deforestación.
El canciller hondureño ha expresado la necesidad de una cooperación intensa para abordar las realidades de los países en desarrollo y reducir las disparidades comerciales.
«Es esencial que trabajemos juntos para abordar las asimetrías y garantizar que no se generen inequidades en el comercio, especialmente para aquellos países más vulnerables a desastres naturales y al cambio climático», dijo en una declaración.
Además, se ha sugerido a la presidenta Xiomara Castro que designe un encargado para gestionar el proceso de cumplimiento y negociación de esta regulación europea, a fin de evitar problemas previamente identificados.
Este asunto subraya la interconexión entre las políticas ambientales globales y el comercio internacional, destacando la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la protección ambiental como las realidades económicas de los países en desarrollo.
