Tegucigalpa – La controversia sobre el fin del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos se intensifica a medida que se acerca su fecha de vencimiento. El canciller Eduardo Enrique Reina ha dejado clara la postura gubernamental: la renovación del tratado no es una prioridad para la actual administración, que prefiere centrar sus esfuerzos en temas migratorios con el gobierno estadounidense.
«Estamos trabajando de cerca con la administración Trump en el tema migratorio. No hemos abordado ese tema [el tratado de extradición]. Si lo abordamos, pues estamos en cualquier disposición de hablarlo», declaró Reina, enfatizando que la decisión de denunciar el acuerdo es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
La postura gubernamental ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad hondureña. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), vincula directamente la denuncia del tratado con la reciente caída de Honduras a su peor calificación histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción.
El sector empresarial, representado por Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha instado al gobierno a reconsiderar su posición, argumentando que mantener el acuerdo envía señales positivas a los inversionistas internacionales.
La situación se complica en el ámbito político, donde la diputada Fátima Mena intentó presentar una moción respaldada por 73 legisladores para mantener la vigencia del tratado. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, consideró «ilegal» la iniciativa y no permitió su discusión.
Desde el partido oficialista Libre, la diputada Silvia Ayala defiende la decisión gubernamental, argumentando que el tratado «se ha desnaturalizado al convertirse en una carta de chantaje al incorporarle componentes políticos». Ayala asegura que Honduras continuará combatiendo el narcotráfico independientemente del tratado.
El balance del tratado durante su vigencia es significativo: más de 50 ciudadanos fueron extraditados entre 2014 y 2024, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico. La decisión de no renovarlo surge en un contexto complejo, tras la preocupación expresada por la embajadora estadounidense Laura Dogu sobre los vínculos de Honduras con Venezuela y la difusión de un video controversial que involucra a un familiar de la presidenta Xiomara de Zelaya.
La directora del Consejo Nacional Electoral, Gabriela Castellanos, advierte sobre las posibles consecuencias: «El escándalo ya no va a ser porque un político hondureño es extraditado, sino porque el país se va a convertir en un paraíso para el narcotráfico.»
