Tegucigalpa – El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, ha indicado que se podría ampliar el Memorándum de Entendimiento para la implementación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) en Honduras si es necesario, esperando avanzar en las próximas semanas.
Esta declaración surge mientras Honduras aguarda la respuesta de las Naciones Unidas (ONU) tras el envío del proyecto de ley presentado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya.
Reina destacó la importancia de la pronta firma del convenio, subrayando que el objetivo es activar la CICIH lo antes posible. «Esperamos nos respondan a nuestros últimos comentarios y tener una próxima reunión.
La idea es que lo más pronto posible se pueda suscribir este convenio», comentó. Además, mencionó que aunque el Memorándum de Entendimiento está programado para finalizar en junio, están preparados para extenderlo si es necesario para concluir satisfactoriamente las negociaciones.
El funcionario también reflexionó sobre la delicadeza del proceso, considerando la intervención de un organismo internacional en la gestión de la justicia criminal de un país.
«Este es un tema muy delicado, que un organismo internacional participe en la gestión de la justicia criminal de un país, no es una decisión que se toma en una o dos semanas», justificó Reina, destacando que desde que la presidenta Xiomara Castro prometió la CICIH hace 845 días, el proceso ha requerido de un cuidadoso manejo y coordinación.
Reina también comparó la situación con la experiencia de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual tardó entre 6 y 8 años en establecerse completamente.
“No esperamos llegar a esos tiempos, pero lo hacemos para que la gente entienda que son temas de compleja decisión y negociación, y de hecho las mismas Naciones Unidas tuvo problemas en Guatemala, entonces ellos son muy cuidadosos en el proceso de negociación”, explicó.
Este contexto pone de manifiesto los desafíos y la complejidad inherente en la creación de entidades internacionales de justicia, especialmente en países que luchan contra la corrupción y la impunidad a niveles estructurales.
