Tegucigalpa – La lucha anticorrupción en Honduras sigue estancada y se han detectado malas prácticas que demuestran la falta de voluntad política para enfrentar esta problemática, según el informe «Estado de país: Transparencia, en espera de resultados», presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Tegucigalpa.
El informe destaca que, si bien el país no ha empeorado su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022 en comparación con el año anterior, tampoco ha mejorado.
Aunque el gobierno ha dado algunos pasos en la lucha contra la corrupción, como la derogación de la Ley de secretos, otros proyectos, como la Ley de amnistía retroactiva, han disminuido los avances logrados.
Además, la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y Corrupción sigue siendo una tarea pendiente con el pueblo hondureño.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras indica que el país sigue siendo uno de los más corruptos de la región, ocupando el penúltimo lugar de Centroamérica en el IPC.
Durante más de una década, Honduras no ha podido acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio debido a la falta de control de la corrupción. Solo aprueba dos de los siete indicadores relacionados con la corrupción.
La percepción de corrupción en las instituciones sigue siendo muy arraigada. Según una encuesta de opinión pública de ERIC-SJ realizada en 2022, dos de cada tres hondureños percibieron «mucha» corrupción en los partidos políticos y el Congreso Nacional.
La investigación penal también está debilitada para hacer frente a los altos niveles de corrupción. La justicia se centra en la judicialización de delitos menores y pocos delitos de gran corrupción. De las 16.071 denuncias por actos de corrupción recibidas de 2018 a 2022, solo el 0,8% llegó a juicio oral y público.
En cuanto al acceso a la información, el año pasado se realizaron 10.397 solicitudes a las instituciones obligadas, pero el 31% de ellas (3.250) no fueron respondidas o se respondieron fuera del plazo legal.
La falta de transparencia y rendición de cuentas se refleja en prácticas como la contratación basada en el color político, la elección ilegal de altas autoridades y el manejo de fondos por parte de los diputados.
Un diario local informó que, en diciembre de 2022, se aprobó la entrega de L.100 mil y 70 canastas familiares a cada diputado, valoradas en L. 49.000.
Para 2023, el Poder Legislativo aprobó L. 950 millones para obras sociales que serán gestionados por los diputados. Sin embargo, estos fondos no han sido sujetos a fiscalización debido a una reforma aprobada por los mismos legisladores.
La ASJ destaca que se requiere una mayor voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar y realizar reformas legales que se traduzcan en cambios estructurales en el país y fomenten la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad de manera integral.
