Tegucigalpa – La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, manifestó este martes que el gobierno está en la obligación de activar a la brevedad del caso, el sistema de cámaras de vigilancia del 911 ante el incremento en la criminalidad.
Para Ayestas, el hecho de tener apagadas las cámaras del sistema 911 representa un enorme retroceso en la lucha contra el crimen, porque vuelve ciega la persecución contra quienes cometen ilícitos o excesos en las calles de las principales ciudades del país.
De su lado, el criminólogo, abogado Gonzalo Sánchez, señaló que el que no funcionen esas cámaras, es un punto a favor del crimen organizado, ya que, en materia penal, estas son buenas herramientas como evidencia en los tribunales de justicia de los hechos que cometen grupos delictivos.
Ante este contexto el experto recomendó a las autoridades de Honduras ampliar al menos seis meses más el estado de excepción y activar las cámaras de vigilancia para que sean una prueba irrefutable en los tribunales.
Por su parte, el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, indicó que, “es un tema que nos preocupa a todos”.
Agregó que al estar apagado el sistema afecta a los emprendedores, particularmente en temas como la extorsión.
“Lamentamos que el año pasado desde que se presentó la problemática con el contrato del 911, aún no se haya podido resolver esto; es una necesidad no es un lujo, anteriormente se presentaban los videos de algunos casos que se estaban investigando”, apuntó.
Según algunas fuentes, el sistema de vigilancia fue suspendido por la administración actual al rechazar la continuación del contrato que tenía el gobierno anterior.
