Tegucigalpa – El jueves pasado, durante la sesión del Congreso Nacional, se aprobó el segundo de tres debates para la aprobación de una iniciativa regulatoria de telefonía, que algunos diputados han catalogado como la «nueva ley de escuchas».
La polémica iniciativa ha generado diversas opiniones entre los legisladores y las autoridades de seguridad. El artículo 23 del proyecto establece la obligación para los operadores y suboperadores de telecomunicaciones de entregar el historial de comunicaciones enviadas por intranet y a otras redes en menos de 24 horas, cuando así lo requieran la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público o el Poder Judicial.
Dicho historial incluiría «registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IPs, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen».
El portavoz de la Policía Nacional, subcomisario Edgardo Barahona, explicó que lo establecido en la iniciativa fue consensuado con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se aplicaría únicamente en casos específicos de investigación de delitos graves como secuestros, privación de libertad o agresiones sexuales.
«En estos casos, se solicita un registro técnico específico a las compañías de telefonía móvil, como la ubicación de la última llamada, la hora, la celda o la antena que registró la llamada», señaló Barahona, enfatizando que en ningún momento se accedería a datos personales o íntimos de las personas.
El portavoz de la Policía Nacional argumentó que la finalidad de esta ley es contar con un mecanismo que permita acceder a información relevante para casos de extrema gravedad, como los mencionados, y facilitar la identificación de posibles depredadores sexuales, especialmente en situaciones que involucren a menores de edad.
Sin embargo, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó su preocupación por el alcance de estas intervenciones y manifestó que deberían estar limitadas exclusivamente al Poder Judicial, ya que considera que el acceso a redes sociales mediante esta ley «violaría los derechos de los hondureños».
El proyecto de ley aún deberá ser sometido al tercer y último debate para su aprobación final, y se prevé que esta etapa se incluya en la próxima semana en la agenda del Congreso Nacional, donde seguramente continuará siendo objeto de intensos debates y discusiones sobre sus implicaciones en la privacidad y derechos ciudadanos.
