Tegucigalpa. – La polémica ‘Ley de Escuchas’ avanza en el Congreso Nacional de Honduras, habiendo superado ya dos de los tres debates necesarios para su aprobación. Esta ley permitiría a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervenir la intranet, generando diversas opiniones y preocupaciones entre los diputados y la ciudadanía.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, ha manifestado su oposición a esta disposición, argumentando que debería ser competencia exclusiva del sistema jurídico y no de entidades de seguridad. También señala que los operadores de telecomunicaciones estarían obligados a entregar en menos de 24 horas el historial solicitado, lo que podría afectar la privacidad de los ciudadanos hondureños e incluso de extranjeros que visiten el país.
El artículo 23 de la iniciativa ha sido objeto de críticas, ya que establece que los registros requeridos incluyen llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto y direcciones IP, así como “otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que puedan implementarse en el futuro.” Esta amplia definición genera inquietudes sobre la protección de datos y la posibilidad de un uso indebido de la información recolectada.
Por otro lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, defiende la ley y argumenta que su objetivo es brindar seguridad a la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en casos de extorsión. Según Girón, las llamadas delictivas que se originan desde las cárceles y utilizan teléfonos celulares con tarjetas SIM requieren un mayor control para combatir el delito de manera más efectiva.
A pesar de las divergencias de opinión, ambos diputados concuerdan en la importancia de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, Umaña subraya que las leyes deben ser más rigurosas en la persecución del crimen, pero sin violar el derecho a la privacidad de las personas. Insiste en que las escuchas y los vacíos telefónicos deben llevarse a cabo únicamente mediante una orden judicial para garantizar el respeto a los derechos individuales.
La ley, que consta de 30 artículos, se someterá al tercer y último debate la próxima semana para su aprobación final. Mientras tanto, la discusión en el Congreso Nacional y la preocupación ciudadana continúan, en busca de un equilibrio entre la seguridad y la protección de la privacidad en el uso de la tecnología para combatir el crimen en Honduras.
