Tegucigalpa – El diputado nacionalista por Atlántida, Marco Midence, expresó su preocupación este viernes ante la tensión entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Midence, esta disputa podría ser utilizada como una excusa para evitar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa que el gobierno había hecho al pueblo hondureño.
La preocupación del congresista surge a raíz del apoyo mostrado por la representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, hacia la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Este gesto de solidaridad generó tensiones entre el gobierno y la ONU, lo que hace temer a Midence que se utilice esta situación como pretexto para evitar la instalación de la CICIH.
Midence lamentó que, a su parecer, no hay voluntad por parte del gobierno para cumplir con la promesa de combatir la corrupción en el país.
Considera que el pueblo hondureño está a la expectativa de acciones concretas contra la corrupción y que el desacuerdo con la ONU solo obstaculizará este proceso.
El diputado también calificó de “intolerante” al gobierno de Xiomara Castro, acusándolo de no escuchar las voces de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluido el CNA. Esta actitud genera inquietud sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en Honduras.
Por otro lado, el coordinador de investigación del CNA, Cesar Espinal, cuestionó la reacción del gobierno ante el apoyo de Shackelford a Castellanos. Se preguntó si un simple acto de solidaridad y apoyo a una mujer amenazada por revelar redes de corrupción puede generar tanto odio y terror, qué sucederá si la CICIH o el propio CNA presentan denuncias contra miembros del gobierno actual. Esta preocupación sobre el respeto a las libertades en el país es una señal de alerta para la sociedad.
En resumen, la tensa relación entre el gobierno de Xiomara Castro y la ONU genera dudas sobre la implementación de la CICIH y plantea interrogantes sobre la actitud del gobierno hacia la lucha contra la corrupción y el respeto a las libertades en Honduras. La incertidumbre persiste en medio de las expectativas de la población hondureña por un combate efectivo contra la corrupción en el país.
