Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas han iniciado investigaciones sobre el presunto secuestro de Max Gil Castillo, un joven de 31 años perteneciente a la comunidad garífuna, ocurrido el pasado 12 de abril en San Pedro Sula, al norte del país.
El caso tomó relevancia nacional luego de que el Canciller Eduardo Enrique Reina confirmara a través de sus redes sociales que ya estableció comunicación con el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, para abordar esta «delicada situación» y solicitar una investigación urgente.
«El ministro nos ha indicado que ya se está investigando el caso. Condenamos cualquier acción de rapto o abducción», expresó Reina, quien además manifestó su deseo de que Castillo sea encontrado «sano y salvo».
Según información proporcionada por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la madrugada hora local. Los testimonios familiares indican que los captores se habrían identificado como agentes policiales para acceder a la vivienda.
«Llegaron y dijeron: abran, es la Policía. Exigimos investigación y su aparición con vida», denunció Miranda mediante la plataforma X.
El joven secuestrado es hermano de Armando Castillo, quien preside el Patronato de la comunidad de Punta Piedra en el departamento de Colón, región caribeña de Honduras. Este vínculo familiar ha generado especulaciones sobre posibles motivaciones relacionadas con disputas territoriales o activismo comunitario, aunque las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis oficial.
Este caso se suma a una preocupante tendencia de desapariciones y secuestros que afectan a las comunidades indígenas y garífunas en Honduras, situación que organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente ante instancias nacionales e internacionales.
La Secretaría de Seguridad ha mantenido hermetismo sobre los avances específicos de la investigación, aunque el pronunciamiento del Canciller confirma que el caso está siendo tratado con seriedad por el gobierno hondureño.