Tegucigalpa – Una nueva controversia ha estallado en el sistema judicial hondureño luego de que el juez Plinio Consuegra denunciara públicamente este viernes que la supervisora de Tribunales, Sandra Rodríguez, está cometiendo prevaricato al abrirle un expediente disciplinario por supuestas irregularidades durante la audiencia inicial contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, y otros dos generales retirados.
La acusación surge después de que Rodríguez anunciara la apertura de un expediente contra Consuegra por presuntos «yerros jurídicos» cometidos durante el proceso judicial contra los generales Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, quienes enfrentan cargos por la muerte del joven Isis Obed Murillo ocurrida en julio de 2009, en el contexto del golpe de Estado.
Consuegra expresó su sorpresa ante las declaraciones de la supervisora, destacando que Rodríguez no estuvo presente durante la audiencia inicial que él presidió. «Las irregularidades que se cometieron de mi persona en la audiencia inicial han conllevado a iniciar un procedimiento ante la unidad reguladora de la administración personal, pero no dice cuáles son», manifestó el juez en declaraciones al canal HCH.
Amenaza de despido antes de audiencia de descargo
El juez reveló que la recomendación emitida por la Supervisión General de Tribunales, previo a su audiencia de descargo, es aplicar el artículo 64 de la Ley de Carrera Judicial, lo que implicaría su despido. Consuegra señaló que será sometido a una audiencia de descargo el próximo lunes 7 de abril, donde podrá presentar pruebas para defenderse de las acusaciones.
«Están diciendo que me van a sancionar y eso es prevaricato», afirmó Consuegra, cuestionando que la supervisora pretenda explicar los resultados de la investigación antes de que él pueda ejercer su derecho a la defensa.
Defensa de la independencia judicial
El togado defendió su actuación durante la audiencia inicial, argumentando que mantuvo su independencia judicial al emitir la resolución. Recordó que si bien la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó las medidas cautelares que él impuso a los tres generales, esto no constituye evidencia de irregularidades en su desempeño.
«Cada juez en el país toma una decisión, y si la Corte de Apelaciones corrige u ordena que se revoque las medidas, da a entender que el punto de vista es que todos cometemos irregularidades», señaló Consuegra, quien advirtió que esta situación podría sentar un peligroso precedente para todos los jueces del país.
El juez, con 18 años de carrera judicial, negó haber cometido irregularidades y lamentó que un «malentendido» relacionado con instrucciones dadas a las partes procesales sobre declaraciones a medios de comunicación durante los recesos de la audiencia, pueda ser utilizado en su contra.
«El hecho que el expediente regrese de otro ente jurisdiccional con una resolución diferente, no significa que uno cometió irregularidades», puntualizó Consuegra, quien alertó que en el futuro «todos los jueces van a tener el mismo problema si no se apegan a los intereses de particulares», sugiriendo posibles presiones externas sobre el trabajo judicial.
El caso ha generado preocupación en sectores del ámbito judicial sobre la independencia de los jueces y los mecanismos de supervisión del sistema de justicia hondureño.
