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Investigan al juez del caso de generales retirados por graves ‘yerros jurídicos’

La Inspectora de Tribunales, Sandra Rodríguez, informó que se han iniciado acciones disciplinarias contra el juez que presidía el caso de los generales Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto por presuntos errores procedimentales en la conducción de las audiencias.

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Tegucigalpa – La Inspectoría de Tribunales ha abierto una investigación formal contra el juez que llevaba el proceso judicial de los generales en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, según confirmó este día la inspectora Sandra Rodríguez.

El funcionario judicial está siendo objeto de escrutinio por aparentes irregularidades procesales calificadas como «yerros jurídicos».

Según explicó Rodríguez, la investigación no cuestiona el fondo de la resolución adoptada por el juez, respetando así su independencia judicial, sino que se centra específicamente en los procedimientos seguidos durante la sustanciación del caso.

«Las investigaciones se basaron en las irregularidades en la tramitación de las audiencias», precisó la Inspectora de Tribunales al detallar que ya se han remitido las pruebas correspondientes para proceder con la sanción administrativa que corresponda.

Entre las anomalías detectadas, Rodríguez señaló la «desnaturalización de la audiencia», omisiones en el desarrollo del trabajo judicial y falta de prudencia en la dirección de las sesiones. Estas deficiencias procedimentales conforman el núcleo de los señalamientos contra el juez, quien ahora deberá comparecer a las audiencias de descargo para ejercer su defensa.

La funcionaria aprovechó para contextualizar este caso dentro de un panorama más amplio de supervisión judicial, revelando que actualmente se han realizado 280 procesos de investigación contra jueces a nivel nacional, ya sea por denuncias directas o por investigaciones iniciadas de oficio por la misma Inspectoría.

Esta acción disciplinaria se enmarca dentro de los esfuerzos del sistema judicial por garantizar la correcta aplicación de los procedimientos legales, independientemente de la relevancia pública o sensibilidad de los casos que se ventilan en los tribunales.

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