Tegucigalpa – Kenneth Madrid, director de Justicia y Seguridad de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ha emitido un importante llamado de alerta en torno a los posibles procedimientos relacionados con la disolución del Congreso Nacional. En sus declaraciones del miércoles, Madrid destacó que la disolución del Congreso es un proceso cuidadosamente regulado en la Constitución hondureña.
Cualquier intento de llevar a cabo esta acción de manera autoritaria o fuera de los parámetros legales constituiría un delito de traición a la patria y podría conllevar un autogolpe de Estado, subrayó.
El experto en justicia y seguridad destacó la importancia de respetar los procedimientos constitucionales, señalando que la única vía legal para llevar a cabo cambios de este tipo sería a través de una consulta popular. Esta consulta involucraría al pueblo hondureño, permitiéndoles expresar su opinión sobre la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, esta opción requeriría la aprobación de dos terceras partes de los 128 diputados, lo que equivale a una mayoría calificada de al menos 86 votos. Por otro lado, Madrid advirtió enérgicamente sobre la peligrosa línea del autoritarismo, señalando que este enfoque no sería legal y podría tener consecuencias graves para la estabilidad democrática de Honduras.
Por otro lado, el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, también expresó su preocupación ante la posibilidad de la desactivación del Congreso. Haciendo eco de las preocupaciones planteadas por Madrid, Barquero hizo hincapié en que la anulación del funcionamiento del Congreso sería un acto ilegal que atentaría directamente contra los principios fundamentales de la democracia y la Constitución.
Enfatizó la importancia de respetar el orden constitucional y mantener los procesos políticos dentro de los límites legales establecidos para salvaguardar la integridad del sistema democrático.
