Washington. – La corrupción política es uno de los problemas más arraigados en los países de América Latina, está tan penetrada que ha llegado incluso a las esferas más altas de los gobiernos.
En Centroamérica, por ejemplo, se encarceló al expresidente y la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, respectivamente, ambos implicados en entramados de corrupción y desfalco a las arcas del Estado
En El Salvador, el expresidente Elías Antonio Saca, junto a otros de sus exfuncionarios también están enfrentando un juicio por haber robado fondos públicos. Mauricio Funes, el primer presidente del partido izquierdista FMLN, se encuentra asilado en Nicaragua, ya que es solicitado por la fiscalía salvadoreña, por presuntamente haber robado millones de dólares.
Casos como estos -así como el del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo hermano fue recientemente condenado a prisión por tráfico de drogas y quien fue mencionado varias veces en el juicio realizado en Nueva York por su relación con los cárteles de droga del área- llevan a las personas a desconfiar de las autoridades y los mandatarios.
Para Hugo Rodríguez, subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la corrupción es un problema que afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y de los propios países centroamericanos en tres aspectos puntuales, aseguró.
«Primero, la corrupción socava la democracia porque los ciudadanos pierden la confianza en los funcionarios y en las instituciones gubernamentales; en segundo lugar frena las economías, porque cuando captan los recursos del Estado para intereses privados, coartan los factores que favorecen el crecimiento económico; y tercero, la corrupción promueve la criminalidad al facilitar una variedad de otros delitos» dijo el funcionario.
Estudios recientes han comprobado que la confianza de las personas en los políticos ha disminuido significativamente en los últimos años, en gran medida, por esos sonados casos de corrupción.
Rodríguez expresó que ante esos casos, Estados Unidos actúa de distintas maneras, principalmente brindando asesoría a instituciones que fiscalizan e imparten justicia en los países de la región y también revocando visas a funcionarios y familiares de éstos que hayan sido encontrados culpables de corrupción.
Sin embargo, reconoce que esto no es suficiente para hacer frente a este problema, por lo que es necesario que los líderes de los gobiernos de América Central demuestren un verdadero interés en combatirlo.
«Deben juzgar a los funcionarios implicados sin importar las conexiones (políticas) que tengan o de la jerarquía de su cargo», añadió Rodríguez.
Por su parte, Patrick Ventrell, Director de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de EE.UU., concordó que la corrupción es un problema endémico y que afecta mucho a las sociedades.
«Nuestro objetivo es contribuir a fortalecer las instituciones de los gobiernos para que puedan combatir la impunidad y la corrupción. En El Salvador, por ejemplo, trabajamos de cerca con la Fiscalía General brindando asesoría», dijo el funcionario.
Asegura que esa asesoría ayudó a que se lograra la captura y condena del expresidente Elías Antonio Saca por lavado de dinero.
«El expresidente Saca es el primer expresidente salvadoreño condenado por delitos cometidos mientras estaba en el poder», agregó.
Ventrell finalizó diciendo que Estados Unidos no tolerará los actos corruptos de parte de funcionarios y que por tal motivo ha cancelado las visas de varios funcionarios de gobiernos centroamericanos recientemente.
