Tegucigalpa – Este martes, la atención de Honduras se centra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el pleno de magistrados, compuesto por nueve titulares y seis suplentes, se reunirá para determinar la constitucionalidad del Decreto 04-2022, conocido popularmente como el «Pacto de Impunidad».
La decisión que tomen no solo impactará el curso de la justicia en el país, sino que también definirá los pasos para la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las promesas clave de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
El Decreto 04-2022 ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Sus defensores sostienen que es una herramienta legal para resarcir a las víctimas del golpe de Estado de 2009, mientras que sus críticos lo ven como un mecanismo que podría perpetuar la impunidad.
Hasta la fecha, este decreto ha permitido la liberación de más de 200 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano como Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, Rodolfo Padilla Sunseri, Rafael Barahona y Germán Enrique Ayala.
Tres escenarios posibles y el futuro de la CICIH
La magistrada Odalis Nájera, integrante de la Sala de lo Laboral de la CSJ y quien participará en la deliberación, explicó que el decreto abarca tres escenarios distintos. El primero se refiere a funcionarios de la administración gubernamental entre 2006 y 2009; el segundo incluye a defensores de derechos humanos desde 2009 hasta 2022; y el tercero compromete al Estado hondureño con la instalación de la CICIH.
Nájera anticipó que existen tres posibles resoluciones: declarar el decreto constitucional, inconstitucional o una decisión mixta que valide algunas partes y rechace otras. «Son decisiones que se valorarán internamente en el marco de la discusión jurídica que se realizará en la sesión», indicó.
La sesión, inicialmente programada para el 20 de septiembre, fue pospuesta a petición de algunos magistrados que solicitaron más tiempo para prepararse. Ahora, con la nueva fecha fijada, se espera que la CSJ emita un fallo que podría tener profundas implicaciones en el sistema judicial y político del país.
Posturas encontradas y expectativas
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha instado a la CSJ a considerar las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y las Naciones Unidas.
Estas entidades han advertido que una amnistía amplia podría socavar el acceso a la justicia y obstaculizar la creación de un marco legal adecuado para la instalación de la CICIH.
El CNA también ha señalado irregularidades en el proceso de aprobación del decreto y ha cuestionado posibles conflictos de interés que han beneficiado a exfuncionarios cercanos al actual gobierno. «La vigencia de esta ley seguirá propiciando justicia selectiva e impunidad», afirmaron en un comunicado.
Por otro lado, Rasel Tomé, diputado y proyectista del decreto, expresó que cualquiera sea el fallo de la CSJ, debe ser respetado. «El pueblo hondureño debe estar muy claro: esa sentencia es una más en el proceso del Estado de derecho que tenemos que construir», declaró.
Tomé hizo hincapié en la importancia de acatar las decisiones judiciales y confió en que los magistrados actuarán conforme a la ley.
Analistas y políticos también han expresado sus opiniones. Luis León, experto en temas políticos, considera que si la CSJ declara inconstitucional el decreto, «dejaría al descubierto los intereses políticos y por qué lado se juega por parte de cada uno de los magistrados». Añadió que no se puede amnistiar a personas que han cometido actos de corrupción bajo argumentos políticos.
El diputado Jari Dixon, del Partido Libre, defendió el decreto argumentando que los jueces han sido rigurosos en su aplicación. «Los jueces rechazaron muchas solicitudes porque no cumplían con los requisitos.
El decreto nunca fue un cheque en blanco», aseguró. Sin embargo, advirtió sobre los peligros de judicializar la política y perseguir a adversarios por motivos ideológicos.
En contraste, la diputada nacionalista Johana Bermúdez predijo que la CSJ declarará inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, permitiendo que la amnistía continúe. «Libre ha dado evidencias de que eran delincuentes», afirmó, criticando la postura del partido oficialista.
El abogado Oliver Erazo ofreció una perspectiva jurídica, calificando el decreto como «una aberración jurídica tremenda» y sugiriendo que, en esencia, funciona más como un indulto que como una amnistía. «El contenido de ese decreto parece más un indulto disfrazado, ya que ha liberado a varios exfuncionarios con expedientes pendientes», argumentó.
El papel de la CICIH y la lucha contra la impunidad
La instalación de la CICIH es vista por muchos como una herramienta crucial para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. Sin embargo, su implementación parece estar ligada a la decisión que tome la CSJ sobre el Decreto 04-2022.
Organismos internacionales y sectores de la sociedad civil han manifestado que la existencia de amnistías amplias podría dificultar la llegada de este mecanismo internacional independiente.
La presidenta Xiomara Castro, durante su campaña, prometió la instalación de la CICIH como una de sus principales propuestas para enfrentar la corrupción en el país. Ahora, el desenlace de esta situación podría definir el cumplimiento de esa promesa y marcar un antes y un después en la política hondureña.
La decisión que tome la Corte Suprema de Justicia este martes no solo resolverá la constitucionalidad del Decreto 04-2022, sino que también reflejará el compromiso de las instituciones hondureñas con la justicia y la lucha contra la impunidad.
Mientras el país espera el veredicto, las diferentes posturas evidencian la complejidad del panorama político y jurídico actual. La esperanza de muchos es que, independientemente del fallo, se fortalezca el Estado de derecho y se avance hacia una Honduras más justa y transparente.
