Tegucigalpa – Unas 200 a 300 personas se encuentran implicadas en actos de corrupción y lavado de activos a través del recientemente derogado fondo departamental, según reveló el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, en una declaración realizada este jueves.
El diputado enfatizó que el decreto 116-2019 funcionaba como un escudo para aquellos que saquearon fondos del Estado, alcanzando la asombrosa suma de casi 13 mil millones de lempiras.
Fuentes también cuestionó la legalidad del Decreto 116-2019 al argumentar que restó facultades al Ministerio Público, entidad encargada de perseguir el delito, para otorgarlas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), obligándolo a realizar investigaciones y auditorías antes de remitir los casos al MP.
Esta disposición fue vista como un obstáculo para la justicia y la lucha contra la corrupción.
La derogación del decreto ha sido un paso positivo, ya que ha eliminado la protección que otorgaba a los involucrados en actos de corrupción.
Bartolo Fuentes destacó que este cambio abre la posibilidad de que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (CICIH) o el propio Ministerio Público actúen en los casos documentados de corrupción, como los denominados “Pandora”, “Planeta Verde” y “Caja Chica de la Dama”.
El diputado concluyó que la derogación del decreto representa un avance significativo para combatir la impunidad y permitir que se realicen investigaciones sin impedimentos, lo que podría llevar a la rendición de cuentas y la justicia en aquellos casos de corrupción que afectaron gravemente al país.
