Tegucigalpa – La Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual en el cual alerta sobre los retrocesos democráticos y de derechos humanos experimentados en 2023 en varios países de América Latina, gobernados por líderes que, según la ONG, han socavado la separación de poderes.
La directora para América de HRW, Juanita Goebertus, lamentó que «no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región». Entre las tendencias destacadas se encuentran amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el debilitamiento de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
Goebertus hizo referencia al precedente de Donald Trump en Estados Unidos, señalando que su negación de la derrota electoral en 2020 permitió a ciertos sectores de la sociedad latinoamericana hacer lo mismo, como lo evidenció la turba golpista que invadió Brasilia a principios de 2023.
En Centroamérica, HRW expresó su preocupación por la deriva autoritaria en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega es señalado por «continuar reprimiendo a todos los sectores de la sociedad», mientras que en El Salvador, el presidente Nayib Bukele es acusado de socavar sistemáticamente el sistema democrático en su intento de reelección.
En Honduras, HRW criticó a la presidenta Xiomara de Zelaya, afirmando que «ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas». Además, se señalaron retrocesos en Guatemala y Bolivia, donde se mencionó un uso político de la justicia.
En Colombia, la estrategia de «paz total» anunciada por el presidente Gustavo Petro no logró reducir los abusos de grupos armados contra la población civil, con 52 masacres registradas en la primera mitad del año.
En México, HRW indicó que hubo «pocos avances» frente a los altos niveles de violencia contra migrantes, mujeres y periodistas. Sobre Argentina, la victoria del ultra-liberal Javier Milei fue criticada, señalando que los intentos de gobernar por decreto debilitan la capacidad del Congreso de ser un contrapeso al Ejecutivo.
