Estamos en un momento clave de revisión de la narrativa global sobre el cambio climático y la biodiversidad. Durante décadas, el debate internacional ha estado centrado en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y, especialmente, en la transformación de los modelos productivos y en la transición energética. Esto ha dejado un tanto de lado temas cruciales como la deforestación, la pérdida galopante de las grandes masas boscosas (que son el sumidero natural de carbono) o la preservación de la biodiversidad.
Por El País
La fuerte irrupción de estos últimos asuntos en las negociaciones internacionales, principalmente con la adopción del Acuerdo de París en 2015, refleja la necesidad de revisar de forma radical el modelo de liderazgo climático y situar a los países del llamado Sur Global en el centro de las conversaciones.
Y, en este contexto, la mirada latinoamericana y caribeña resulta esencial, tanto para el devenir socioeconómico y ambiental de la región como para la sostenibilidad del planeta. Es ahora cuando América Latina y el Caribe debe reforzar su narrativa y potenciar su papel como región de soluciones y esto exige un esfuerzo de coordinación y de unión de voluntades que debe prevalecer por encima de las diferencias.
Soluciones a la transición energética, exigiendo plazos razonables y transición justa, y abordando con extrema cautela su posición como proveedor de minerales críticos para la electrificación, como el litio y el cobre. Soluciones a los problemas de seguridad alimentaria, que requieren de un sector agropecuario más productivo y sostenible, que no genere deforestación, pero que tampoco se vea culpabilizado sin tomar en cuenta los impactos del cambio climático sobre los pequeños productores, que son mayoría en la región. Soluciones al cambio climático a través de sus ecosistemas estratégicos, incluidos los marino-costeros y oceánicos, que aportan servicios que van mucho más allá de la captura del carbono, para convertirse en fuentes de valor incalculable para las comunidades locales y para el planeta, y que normalmente no reciben el reconocimiento necesario, llevando a su pérdida y destrucción.
América Latina y el Caribe debe impulsar un nuevo debate global en materia ambiental que, sin abandonar el reto de la mitigación de los GEI, permita un enfoque mucho más centrado en las soluciones y necesidades aportadas a nivel local. Un reporte de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- del 2023 incide precisamente en la necesidad de centrarse siempre en el impacto sobre las comunidades más vulnerables y de escuchar la voz de los afectados por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
En este sentido, resulta de especial relevancia que en 2024 la Conferencia de la Partes del Convenio de Biodiversidad y la presidencia del G-20 recaigan en dos países latinoamericanos, Colombia y Brasil respectivamente, que son los países con mayor biodiversidad, y que, además, en 2025 tenga lugar la trigésima Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático también en Brasil. Igualmente, el protagonismo adquirido por los países del Caribe en el debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional con iniciativas como la Bridgetown, impulsada por Mia Mottley, primera ministra de Barbados, reclamando una solución a los problemas fiscales que impiden hacer frente a los desastres climáticos, es un elemento fundamental en este reposicionamiento del que estamos siendo testigos y que supondrá una revisión de los equilibrios geopolíticos a medio plazo.
Este cambio de enfoque supone un paso de gigante, aún incipiente, que no está exento de tensiones, pues significa que los países ricos en biodiversidad, en minerales críticos y en soluciones a los problemas del cambio climático exigen de forma legítima un mayor protagonismo en los procesos de toma de decisiones internacionales.
CAF, como banco verde, está contribuyendo a este nuevo posicionamiento de la región, apoyando de manera decidida las convocatorias en Colombia y en Brasil, dando visibilidad a las acciones emprendidas en alianza con múltiples organizaciones, en ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Patagonia, el Caribe, los páramos, los manglares, el Chocó Biogeográfico, la región de surgencia de la corriente de Humboldt, entre otros, con la finalidad de enfatizar su carácter transnacional y convertirse en la plataforma donde los países de América Latina y el Caribe pueden hablar y hacerse oír.
Nuestra propuesta reconoce los desafíos sociales, políticos y presupuestarios de los países y busca construir soluciones conjuntas en un contexto gradual de transición justa; considera complementarias e inseparables las agendas de acción climática y biodiversidad; contempla la adaptación como una prioridad absoluta debido a que frecuencia e intensidad de los impactos del cambio climático generan fugas de recursos insostenibles; desea, mediante un enfoque ecosistémico, revertir los modelos de desarrollo basados en crecimiento económico, que no tienen en cuenta externalidades de alto costo asociadas a contaminación, agotamiento de recursos naturales y salud; involucra a las comunidades locales, prestando especial atención a las comunidades indígenas y afrodescendientes cuyo rol en la conservación de los ecosistemas es primordial; y apuesta por ser un aliado de la región para fortalecer su presencia en el debate global sobre la crisis climática y de biodiversidad, aportando perspectivas propias y soluciones innovadoras.