Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reiteró este lunes que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), recién derogadas por el Legislativo, fueron creadas por «nulidad de origen constitucional, careciendo de validez jurídica», por lo que han estado trabajando ilegalmente desde su inicio.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) arguyó que las también conocidas como «ciudades modelo» son empresas ilícitas, por lo tanto, «con la derogación de la ley orgánica de las Zede no tienen derechos, atribuciones, potestades y no se pueden expandir».
Redondo se refirió al tema luego que surgiera la información de una supuesta demanda de la Zede Próspera, localizada en Roatán, Islas de la Bahía, Caribe de Honduras, por más de 10 mil millones de dólares, lo que representaría casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
Según el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, hasta el momento no hay ninguna demanda millonaria en contra del Estado, pero advirtió que hay un pequeño grupo de personas que «quieren aprovecharse» de Honduras.
En ese sentido, Redondo indicó que «lo que debe de entender la ciudadanía es que estas personas -Zede- no son empresarios, son delincuentes (…), ningún empleo o inversión ilegal vale el territorio, ni la forma de gobierno ni la soberanía de Honduras».
El titular del Legislativo aclaró, además, las especulaciones que se han generado tras la derogación de las Zede, asegurando que «no es cierto que se genera inseguridad jurídica, tampoco es cierto que se debe respetar la seguridad jurídica de los inversionistas de las ciudades privadas».
En conclusión, Redondo recalcó que «las Zede han sido derogadas por unanimidad de votos» y que ya no tienen «ley que les proteja su ilegalidad; no pueden ampararse en la irretroactividad de la ley, porque siempre han sido inconstitucionales».
Cabe recordar que el Congreso Nacional derogó el pasado 20 de abril, por unanimidad de votos, la ley orgánica de Zede.
La votación contó con el apoyo de los 128 diputados de todas las bancadas de los partidos representados en el Legislativo.
Para derogar las Zede se aprobaron dos proyectos relacionados a este polémico decreto.
Uno de los decretos derogó cualquier ley primaria o secundaria, ley orgánica o reformas que, al carecer de validez y legalidad constitucional, esté relacionado con la creación o regulación de las Zede aprobadas por el Congreso Nacional.
En Honduras se realizan tres proyectos de Zede: uno en Roatán, denominada «Próspera»; otra en San Marcos de Colón, Choluteca, llamada «Orquídea» y Morazán» en Choloma, Cortés.
El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional, presidido entonces por el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (2014-2022), aprobó la Ley Orgánica de las Zede como «espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera».
De conformidad con lo establecido en la ley que las regula, las Zede tenían personalidad jurídica. Además, estaban autorizadas para establecer su propia política y normativa, y también gozaban de autonomía funcional y administrativa.
Asimismo, contaban con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva dentro de ellas.
La ley establecía que el régimen fiscal especial de las Zede las autorizaba a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos.
Además de contar con un régimen fiscal independiente y debían orientarse por una política de bajos impuestos.
La creación de esos espacios autónomos fue rechazada por empresarios, universidades, gremios de abogados e ingenieros; asimismo, fiscales e iglesias, por considerarlas inconstitucionales.
La presidenta Xiomara Castro anticipó en su plan de gobierno que iba a derogar las Zede argumentando que violaban la soberanía nacional.
