Tegucigalpa – La política antinarcóticos de Honduras enfrenta un momento crítico tras las declaraciones del experimentado exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, quien este viernes expresó seria preocupación por las intenciones del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya de eliminar o modificar instrumentos fundamentales en la lucha contra el narcotráfico.
La posible denuncia del tratado de extradición vigente se perfila como el punto más controversial. Según Vigil, esta decisión carecería de beneficios tanto para el pueblo hondureño como para la comunidad internacional.
El exagente vinculó esta iniciativa con la reciente controversia surgida tras la difusión de un video que muestra a Carlos Zelaya en presuntas conversaciones con narcotraficantes sobre sobornos.
En el contexto de las relaciones internacionales, Vigil advirtió sobre posibles repercusiones en caso de un eventual retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Entre las medidas que podrían afectar a Honduras, mencionó la posibilidad de impuestos a las remesas, aunque descartó deportaciones masivas como estrategia principal.
Respecto a la base militar estadounidense en Palmerola, cuyo acuerdo la presidenta ha amenazado con modificar, el exagente defendió su importancia histórica en operaciones antinarcóticos.
Vigil calificó esta postura como una estrategia política, recordando el papel crucial que la instalación militar ha desempeñado en la lucha contra el tráfico de drogas.
«La extradición no es un arma política, sino un instrumento contra los grupos transnacionales criminales», enfatizó Vigil, subrayando la importancia de mantener herramientas efectivas para combatir tanto a narcotraficantes como a políticos implicados en actividades ilícitas.
