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Millonario gasto en asesores contrasta con baja productividad del Congreso Nacional, revela informe

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Tegucigalpa – Un revelador informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expone la desproporción entre el elevado gasto en personal y los limitados resultados legislativos del Congreso Nacional durante los primeros diez meses de 2024.

El estudio «Monitoreo legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez» detalla una inversión de 106 millones de lempiras en personal de apoyo, mientras solo se han aprobado 93 de 443 proyectos de ley presentados.

La investigación del capítulo hondureño de Transparencia Internacional revela que el Congreso ha operado únicamente 64 de los 97 días programados, acumulando 242 horas de trabajo legislativo. Esto se traduce en un costo aproximado de 4,381 lempiras por hora de sesión, mientras 320 proyectos de ley permanecen estancados y apenas 10 continúan en discusión.

congreso vacio

El desglose del gasto muestra que mensualmente se contrataron 118 asesores, con salarios que oscilan principalmente entre 31,000 y 60,000 lempiras (68% del personal), mientras que un 27% percibió entre 15,000 y 30,000 lempiras, y un 5% recibió entre 61,000 y 100,000 lempiras.

Adicionalmente, se destinaron 55 millones de lempiras para 243 asistentes y 7 millones para servicios profesionales especializados.

La ASJ señala preocupantes deficiencias en transparencia y eficiencia. El actual sistema de asignación de personal, centralizado en la presidencia del Congreso, fomenta prácticas clientelistas y uso ineficiente de recursos.

ASJ

El informe recomienda implementar procesos de selección basados en méritos y hacer públicos los resultados del trabajo de asesores y asistentes para mejorar la rendición de cuentas.

«Es imperativo que el Congreso realice análisis de impacto regulatorio sobre todas las disposiciones legislativas», concluye el informe, enfatizando la necesidad de que la ciudadanía pueda evaluar efectivamente cómo las leyes afectan su vida cotidiana.

Esta medida busca garantizar no solo mayor eficiencia, sino también transparencia en el uso de recursos públicos.

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