Tegucigalpa – El ministro de Finanzas de Honduras, Marlon Ochoa, presentó este jueves denuncias formales ante el Ministerio Público por el manejo fraudulento de 95 mil millones de lempiras en cuatro fideicomisos, abarcando el periodo entre 2012 y 2023.
Las anomalías denunciadas incluyen desde la sobrevaloración y ejecución irregular de contratos hasta la malversación directa de fondos en esquemas de corrupción que involucran tanto a entidades públicas como privadas.
Uno de los casos más alarmantes señalados por Ochoa involucra el fideicomiso del Instituto de la Propiedad, donde se reportaron irregularidades en la gestión de 3 mil millones de lempiras durante la administración de Darío García, quien fue señalado por manejar fondos fuera de los protocolos legales establecidos.
Además, el ministro hizo énfasis en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, donde se descubrieron 130 contratos sobrevalorados que incluían gastos extravagantes como la compra de un avión presidencial y miles de vehículos de patrulla.
Manejo Irregular de miles de millones en fideicomisos públicos
El ministro de Finanzas de Honduras, Marlon Ochoa, reveló irregularidades financieras significativas en la gestión de diversos fideicomisos durante una conferencia de prensa reciente.
Según Ochoa, el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que fue manejado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Foro Nacional de Convergencias (Fonac) y un representante presidencial, operó en secreto entre 2012 y 2022, manejando unos 30 mil millones de lempiras y acumulando 130 contratos cuestionables.
Estos contratos incluyeron gastos exorbitantes y no relacionados directamente con la seguridad, como la compra de un avión presidencial y miles de vehículos policiales.
Adicionalmente, Ochoa denunció malversaciones en el fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad (IP), que calificó como un «símbolo de corrupción pública-privada», destacando que este fideicomiso dilapidó aproximadamente 19 mil millones de lempiras entre 2015 y 2022.
A pesar de que el fideicomiso fue liquidado por orden de la presidenta Xiomara Castro, su sucesor, Darío García, habría continuado operaciones irregulares, manteniendo más de 3 mil millones de lempiras en cuentas privadas sin reportar a la Secretaría de Finanzas.
Ochoa criticó duramente el manejo de estos fondos, señalando que más de dos mil millones de lempiras fueron desviados de junio de 2022 a mayo de 2023 para financiar de manera encubierta proyectos como la construcción de infraestructura comunitaria y la adquisición de equipos domésticos, todo sin seguir los procedimientos de transparencia y registro adecuados.
Este descubrimiento pone de manifiesto las profundas raíces de la corrupción en las estructuras financieras del estado hondureño.
La denuncia también abarca el fideicomiso de Vida Mejor y el de Invest-H, este último conocido por el escándalo de la compra fraudulenta de hospitales móviles.
Según Ochoa, estos fideicomisos forman parte de una amplia red de corrupción que ha desviado fondos públicos a través de ONG y empresas sin el debido proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Esta revelación pone en relieve la necesidad urgente de reformas estructurales y mecanismos más eficientes de supervisión y control para garantizar la correcta utilización de los recursos del estado, enfatizó el ministro.
Además, sugirió que estas acciones son pasos cruciales para restaurar la confianza en las instituciones públicas y combatir la corrupción sistemática en el país.
