Tegucigalpa – Cristopher Castillo, defensor y líder ambiental, informó este jueves que 11 líderes ambientales han sido asesinados en los primeros 44 días de 2023 en varios puntos de la nación. Sin embargo, lo más preocupante es que este número es el mismo que el registrado el año pasado.
El más reciente asesinato se reportó el pasado sábado 18 de febrero en la vereda Pajuiles, municipio de Tela, Atlántida, región Caribe de Honduras, lo que provocó vehementes repudios de organismos locales, nacionales e internacionales.
Debido a que no sabemos hasta cuándo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) seguirá siendo cómplice de la impunidad que protege a los ambientalistas asesinos, Castillo aseveró que la situación es alarmante para los defensores ambientales y que es crucial discutir el tema de la justicia. .
Ambientalistas exigieron la cancelación de proyectos extractivos y concesiones, principalmente en la zona del Bajo Aguán, Colón, y el río Guapinol, en el Caribe de Honduras, y como represalia, reclama la activista.
La Plataforma Regional Agraria del Valle del Aguán afirma que la empresa Los Pinares (antes Empresa Minera Emco), que ha rechazado reiteradamente el reclamo, tiene la culpa del conflicto en Guapinol porque la concesión minera de la empresa es «ilegal».
El Parque Carlos Escaleras se ve impactado por este proyecto porque el área núcleo del área protegida se redujo de 24.223 a 24.006 hectáreas por un decreto que se presentó en 2012.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), los ataques, amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos han aumentado recientemente en el Bajo Aguán, donde los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes han cobrado la vida de decenas de personas.
Cinco asesinatos de defensores de derechos humanos han sido denunciados por la Oacnudh desde 2022 en relación con la disputa territorial del Bajo Aguán.
Cuatro de las víctimas pertenecían a cooperativas campesinas que el 23 de febrero de 2022 firmaron un convenio con el gobierno hondureño y la Plataforma Agraria para atender las causas estructurales del conflicto agrario.
Desde 2014, dos de las víctimas cuentan con protección del Mecanismo Nacional de Protección y otra cuenta con medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según Castillo, “la impunidad en materia ambiental en Honduras llegó al 97 por ciento, su pico máximo (Honduras es uno de los cinco primeros países en defensa ambiental en cuanto a violencia, y ese índice no ha disminuido”.
Castillo también lamentó que el Mecanismo Nacional de Protección no haya atendido las preocupaciones de quienes han recibido medidas de protección del Estado.
El Acuerdo de Escaz, que es una demanda multiorganizacional para que el Estado garantice la repetición de hechos, en este caso el asesinato y criminalización de defensores ambientales, es uno de esos acuerdos internacionales que busca proteger los derechos humanos. defensores “Por el contrario, retrasan los procesos de esos acuerdos”, dijo.
Por ello, la Oacnudh instó al Estado de Honduras a “redoblar esfuerzos” para sacar adelante el acuerdo entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en cuanto a los puntos pendientes. .
Laura Dogu, la embajadora estadounidense en Honduras, instó posteriormente a las autoridades a iniciar una investigación inmediata sobre la muerte de varios activistas ambientales.
Condenamos el reciente asesinato de Benigno Maldonado del Campamento Digno por la Defensa del Agua y la Vida, quien estuvo vinculado a numerosos asesinatos en 2023 que también fueron cometidos por activistas, escribió el Embajador Dogu en Twitter.
Debe ser investigado por las autoridades. El diplomático continuó diciendo que el gobierno hondureño necesitaba hacer más para salvaguardar a los activistas.
