Tegucigalpa – “La verdad es que respeto las posiciones, la única evidencia es cuando las personas no saben, entiendo, ella -Julieta Castellanos- únicamente es una socióloga, no es abogada, desconoce completamente de normativas“, dijo Fernández en Radio HRN.
El experto en derecho continuó: “yo no respondo a ningún interés político de ningún partido político, no soy empleado de ningún espacio de la administración pública solo en la UNAH, no es ningún mandado, sino una propuesta académica (…) yo no le hago mandados a nadie, porque suficientemente grande estoy para actuar por sí solo”.
Escapar de las sombras.
Castellanos, quien en realidad “está buscando un cargo político” para “poder ser llamada a diferentes partes”, aseguró el coordinador de la maestría en derecho penal de la UNAH, “quiere salir del anonimato” con este tipo de declaraciones. .
Yo respeto todo derecho a una opinión, continuó, y la libre expresión de ideas es posible y está permitida. Sin embargo, señaló que este tipo de argumento debe hacerse en un entorno académico.
El exmiembro de la CNA alegó que no se había controvertido nada académico en este caso; solo se había tomado una postura más política, que era algo en lo que el grupo no podía participar.
“Yo podría decirle que eso es completamente falso -que sea un mandadero-“, no obstante, debo de mencionar el artículo 160 de la Constitución que es bastante claro, desde la UNAH nosotros debemos de generar academia.
Aclaró que el proyecto de Ley de Extradición no fue elaborado en una semana ni enviado ayer al Congreso Nacional. Fernández insistió en que el proyecto fue elaborado con académicos y presentado a la Legislatura hondureña el año pasado.
“Lo que pasa es que han querido generar suspicacia y duda respecto al documento, cuando evidencian ignorancia, la Maestría no tiene iniciativa de ley. Nosotros hemos presentado un documento académico que puede ser valorado, descartado, modificado o rechazado, lo que decida el CN, porque los que aprueban la ley son los diputados del Congreso en tres debates”. explicó.
Concluyó afirmando que cualquiera puede discutir el proyecto de Ley de Extradición que la UNAH envió a la CN siempre y cuando lo haga desde un punto de vista académico y no político.
“Invito a quien mencionó que yo soy un mandadero a que me rebata, pero científica y jurídicamente que me diga cuales son las trabas (…) es mentira que se limita la extradición, al contrario, la empujamos mucho más rápido y lo elevamos a un rango de ley”, señaló.
La discusión entre Fernández y Castellanos comenzó la semana pasada cuando esta última calificó de “Mandadero” al exdirector de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por enviar un proyecto de ley de extradición al Congreso Nacional (CN).
“Sorprende que un director de una maestría se dirija directamente al presidente del Congreso Nacional cuando la voz oficial no la tiene un director de maestría. En las universidades nunca reaccionan tan rápido, y me he quedado sorprendida que en una semana la tenga (la propuesta de Ley de Extradición)”, expresó en un principio Castellanos.
Además, Castellanos agregó que “si se está hablando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del tema de extradición es porque es el mandado que le han dado a la presidenta del Poder Judicial, porque ella viene del núcleo de la familia Zelaya, están emparentados”.
Entonces, se le pidió a la UNAH que presentara el proyecto de ley de extradición, y Odir Fernández “y Odir Fernández penosamente se presta para ser de mandadero“, insistió Castellanos.
Una propuesta de ley de extradición fue presentada al Congreso Nacional el 2 de marzo por la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH bajo la dirección de Fernández.
El Auto Acordado, que consta de 35 artículos y fue aprobado por el Poder Judicial para regular la extradición, sería sustituido por el nuevo documento.
Los puntos principales de las propuestas incluyen las situaciones en las que no se permitiría la extradición, como cuando el delito por el cual la nación requirente pide un hondureño también involucra al Estado de Honduras.
De igual forma, si el cuestionado ya se encuentra en libertad después de haber sido declarado inocente o se encuentra actualmente privado de libertad en Honduras por el mismo delito.
No se comete delito en Honduras cuando el hecho imputado no lo es.
También habrá una excepción si el estado solicitado el sistema legal considera que el delito es político, relacionado con un delito común o un delito de orden militar.
Cuando los delitos por los que se solicita la extradición conllevan la posibilidad de pena de muerte o pena corporal, no puede proceder la extradición.
El proyecto de ley aborda una serie de temas, incluyendo cómo procederán las audiencias y qué documentación debe proporcionar el Estado requirente al Poder Judicial de Honduras.
Se requieren 65 votos (mayoría simple) de los 128 diputados propietarios del Congreso Nacional para aprobar la Ley de Extradición.
Anteproyecto íntegro:
El artículo 102 de la Constitución de la República permite la extradición de hondureños en casos de narcotráfico, terrorismo o delincuencia organizada. Mientras que el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece el proceso a seguir.
Desde 2014, cuando se legalizó la expatriación, Honduras ha entregado 36 ciudadanos a los estados que los han solicitado, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández (21 de abril de 2022) y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla (10 de mayo de 2022). , 2022).
