Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este jueves el allanamiento de morada contra el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, tras revocar las medidas de arresto domiciliario que habían sido impuestas previamente a tres exmilitares acusados por graves delitos.
Según informó la portavoz judicial Bárbara Castillo, en el caso específico de Vásquez Velásquez, «se desistió de una audiencia de notificación de cita, en vista de que ya se habían girado las órdenes de captura». La funcionaria también señaló que dos de los acusados en este mismo proceso ya se presentaron voluntariamente ante las autoridades.
El caso presenta una «circunstancia especial», según explicó Castillo, debido a que el abogado defensor del general Vásquez presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. «Estamos a la espera para saber cómo se recibió esta solicitud, si con suspensión de acto reclamado o sin suspensión», puntualizó la portavoz.
Los cargos contra Vásquez Velásquez, el exsubjefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, están relacionados con el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato contra Alex Murillo. Inicialmente, tras ser requeridos por la justicia, los tres exmilitares habían quedado bajo la medida de arresto domiciliario, situación que cambió con la reciente decisión de la Corte.
Por su parte, familiares del general en condición de retiro han manifestado que los procesos judiciales forman parte de lo que consideran una «persecución política» contra Romeo Vásquez. Según estas fuentes, se trataría de «una estrategia amplia de represión contra la oposición, utilizando el sistema judicial para criminalizar a quienes representan un obstáculo para los planes del régimen».
Este caso se suma a una serie de procesos judiciales contra exfuncionarios y militares vinculados a períodos anteriores, en lo que el gobierno actual ha descrito como esfuerzos por esclarecer violaciones a derechos humanos, mientras que sectores de oposición denuncian una supuesta instrumentalización política de la justicia.
Las autoridades judiciales no han informado si ya se ejecutó el allanamiento ordenado contra la residencia del exjefe militar ni si este se encuentra actualmente bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
