Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras tiene como objetivo liberar a aproximadamente mil 100 reclusos durante el año 2023 como parte de un proceso de desinternamiento liderado por la Defensa Pública y los jueces de ejecución. Esta iniciativa tiene como fin reducir la sobrepoblación en las prisiones del país.
El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, proporcionó detalles sobre este proceso, indicando que hasta el momento se ha otorgado la excarcelación a un grupo de entre 40 y 50 prisioneros que cumplieron con los requisitos establecidos. Los reclusos que acceden a la liberación cumplen con una de tres condiciones: padecer una enfermedad grave o terminal, haber agotado el periodo de prisión preventiva (que puede extenderse hasta dos años) o haber cumplido al menos la mitad de su condena.
Para lograr esta liberación planificada, la CSJ está trabajando en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) con el objetivo de agilizar los procedimientos de encarcelamiento y así aliviar la congestión en las prisiones a lo largo del país. Los expedientes de los reclusos que podrían ser liberados son presentados ante los juzgados de ejecución, donde los jueces programan las audiencias pertinentes para decidir sobre su excarcelación.
Actualmente, el sistema penitenciario hondureño está compuesto por 26 centros de reclusión, que albergan a un total de 19,966 presos, incluyendo a mil 100 menores de edad, según las autoridades. Estos centros penitenciarios están bajo el control de la Policía Militar del Orden Público, por orden del Poder Ejecutivo, luego de la trágica masacre que tuvo lugar en la cárcel femenina de Támara el 20 de junio.
El plan de excarcelación busca aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, permitiendo una administración más eficiente y humanitaria de la población reclusa, al tiempo que se garantizan las medidas necesarias para la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.
