Tegucigalpa.- Mauricio Dáz Burdett, director del Foro Social sobre Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), señaló que la potencial Ley de Justicia Fiscal que impulsa el gobierno desde el Ejecutivo “es una insensatez” dadas las circunstancias actuales del país.
La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no reciben exenciones, que son las que realmente generan más empleos, argumentó. “El mayor impacto más bien lo podría tener la clase alta, las 10 familias que dice el SAR (Servicio Administrador de Rentas) es absolutamente real, una gran cantidad de pequeña y mediana empresa no reciben exoneraciones que son las que en realidad generan la mayor cantidad de empleos”, dijo.
Aun así, “no se niega que hay algunas iniciativas que están planteadas ahí que requieren revisión, que a la larga podrían incrementar el costo de la vida y que absolutamente puede impactar en el bienestar de la clase media y aún más de la clase pobre”, advirtió.
O dicho de otra manera, “se necesita una medición de impacto de cada iniciativa fiscal o monetaria que el país emprenda y quiera aprobar, no debe ser (no quiero usar una palabra grosera), pero no puede ser como se resuelve con la insensatez diciéndolo de la manera más suave”, dijo el líder de la sociedad civil.
También cuestionó por qué el gobierno central solo había completado el 11 por ciento del Presupuesto General.
“Existe una muy pero muy baja ejecución presupuestaria, es cierto que el tamaño del presupuesto público creció significativamente, pero también es cierto que las secretarías de Estado, las instituciones que reciben recursos, pues no hacen lo suficiente, lo necesario, para que ese nivel de ejecución de recursos se dé”, cuestionó.
Destacó la necesidad de un ambiente de paz en la nación para la comunicación y concertación de acuerdos para la implementación de reformas tributarias.
“De la manera que se plantea (las reformas) por exabruptos desmedidos, Fosdeh cree que el nivel de incertidumbre y de riesgo en el país se acrecienta, así como la división de la familia hondureña”, dijo.
Díaz admitió que, si bien algunas exenciones tienen poco impacto, otras han sido mal administradas.
Lamentó que la pobreza en Honduras persista por la forma en que están configuradas las políticas públicas.
En otras palabras, a pesar de que se han invertido aproximadamente 455 mil millones de lempiras en nombre de la pobreza en los últimos 10 a 12 años, no se puede ver que la pobreza haya disminuido en el pasado o en el presente, señaló.
